Italia ha reiniciado el envío de migrantes a Albania como parte de su estrategia de gestión de la inmigración, desafiando los contratiempos legales previos que marcaron los intentos anteriores. En un reciente operativo, 49 personas fueron trasladadas a los centros de detención y expulsión en el país vecino, anunció el Ministerio del Interior italiano. Esta acción se produce después de que los tribunales italianos bloquearan dos traslados previos por preocupaciones sobre la seguridad de los países de origen de los migrantes.
Los migrantes, que fueron recogidos por la patrullera ‘Cassiopea’ en aguas cercanas a la isla de Lampedusa, embarcaron hacia Albania, donde enfrentarán procesos de evaluación individual sobre su situación migratoria. Además, otras 53 personas presentaron voluntariamente sus pasaportes para facilitar la rápida verificación de su estado, lo que, según el ministerio, acelera las posibilidades de repatriación para aquellos que no cumplen con los requisitos para permanecer en la Unión Europea.
Italia y Albania llegaron a un acuerdo previo que facilita la identificación y procesamiento de casos de migrantes. Tras su llegada, serán trasladados desde el puerto de Gjader al centro de Shenjin, preparándose para recibir al mayor grupo desde que comenzaron estas operaciones.
Los migrantes enviados pertenecen a países incluidos en una «lista de países seguros» por el Gobierno italiano, como Bangladés y Egipto, y, por primera vez, Gambia y Costa de Marfil. Esta designación de países seguros ha estado en el centro de la polémica después de que la justicia italiana cuestionara la seguridad de retornar migrantes a estas naciones, solicitando incluso la intervención del Tribunal Europeo.
La política migratoria de Italia ha sido objeto de debate, no solo por las implicaciones legales y éticas de sus acciones sino también por el costo financiero y la factibilidad de dichas operaciones de traslado y detención. Los centros en Albania, destinatarios de estos operativos, estuvieron en riesgo de quedar vacíos y subutilizados debido a las sentencias judiciales anteriores.
El caso pasará a manos de los jueces del Tribunal de Apelación de Roma, quienes tendrán la tarea de validar o no estas detenciones bajo una nueva ley promulgada por el Gobierno de Giorgia Meloni, en un intento por agilizar y validar legalmente estas expulsiones. Este cambio representa un giro en cómo Italia maneja la detención de migrantes, alejándose de los tribunales administrativos hacia una arena legal diferente, a la espera de una interpretación definitiva de la noción de «países seguros» por el Tribunal de Justicia Europeo.
Mientras tanto, las llegadas de migrantes a las costas italianas han visto un repunte, poniendo aún más presión sobre la política migratoria del país y sus recursos, en un momento en que Europa sigue lidiando con desafíos significativos en el ámbito de la migración y el asilo.
