Apenas 45 kilómetros separan Jerusalén de la Franja de Gaza, un breve trayecto que encierra realidades disímiles y tensas. El martes pasado, antes de medianoche, varios familiares de rehenes secuestrados se congregaron frente a la residencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a la vez que la fuerza aérea empezaba un bombardeo en Gaza, una acción no anunciada y que se antojaba como un eco de la angustia que viven los familiares desde hace casi dos años. A pesar de las súplicas de los manifestantes por un alto en las hostilidades, las noticias apuntaban a la continuación de una invasión por tierra que, según informes, pone en grave riesgo a los rehenes.
Mientras Netanyahu se alejaba de la ciudad, el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, se manifestaba en desacuerdo con las acciones del gobierno. En discusiones internas, abogó por un acuerdo de alto al fuego y la posibilidad de intercambiar rehenes por presos palestinos, pero su voz fue desestimada. Las tensiones aumentan en el Ejército, donde la falta de información sobre la ubicación de los rehenes y la preocupación por su posible uso como escudos humanos han generado un ambiente de incertidumbre y alarma a medida que avanza la ofensiva militar.
Los combates se caldean sin un objetivo claro, mientras cientos de miles de palestinos quedan atrapados en la urbe, enfrentándose no solo a la inminente violencia, sino también a un creciente desplazamiento forzoso. El panorama para los civiles es sombrío y, aunque hay un debate sobre la legalidad de la invasión y la protección de los derechos humanos, la preocupación parece eclipsarse ante la urgencia de las decisiones militares. En este contexto, el destino de los habitantes de Gaza se convierte en un collateral que, lamentablemente, escapa a la atención de muchos en el lado israelí.
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