El Gobierno israelí ha dado un paso significativo al aprobar una medida que inscribe grandes extensiones de Cisjordania como «propiedad del Estado». Esta decisión, considerada la primera de su tipo desde que Israel comenzó la ocupación en 1967, ha generado una fuerte reacción entre las autoridades palestinas, que la interpretan como una anexión «de facto» de parte de su territorio. Esta iniciativa fue impulsada por altos funcionarios del gobierno, quienes argumentan que busca regular la propiedad y el uso de la tierra en la zona.
El objetivo de la propuesta es clarificar el estatus jurídico de las áreas bajo ocupación y facilitar la explotación agrícola. Israel justifica este movimiento como una respuesta a lo que considera procedimientos ilegales de asentamiento promovidos por la Autoridad Palestina en la Zona C, que está bajo su control exclusivo. Sin embargo, entre los líderes palestinos, la aprobación de esta medida ha sido tachada como una amenaza para la estabilidad en la región y una clara violación del derecho internacional.
El presidente palestino, Mahmud Abbas, calificó la decisión de Israel como una «anexión ‘de facto’» y advirtió que estas acciones no conseguirán legitimidad para la ocupación. En un comunicado oficial, la Autoridad Palestina subrayó que, a pesar de estas medidas unilaterales, el estatus de Cisjordania y Jerusalén Este como territorio palestino ocupado permanecerá intacto de acuerdo con la legislación internacional.
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