El Gobierno de Israel ha decidido revocar las licencias de operación de 37 organizaciones no gubernamentales (ONG) de 16 países, entre las que se encuentran Médicos Sin Fronteras, Acción contra el Hambre y Cáritas. La medida, anunciada por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, exige a las ONG presentar documentación exhaustiva sobre su estructura, actividades y personal, incluyendo datos sensibles. Las organizaciones tienen hasta el 1 de marzo de 2026 para cesar completamente sus operaciones en Gaza y Cisjordania, lo que, según afirman, acarreará consecuencias devastadoras para la población local, ya profundamente afectada por los recientes conflictos.
Las ONG han expresado su preocupación por el impacto de esta decisión, señalando que alrededor de dos millones de personas en Gaza ya se encuentran en situaciones precarias, viviendo en tiendas de campaña tras los ataques que han destruido gran parte de la infraestructura. Médicos Sin Fronteras ha calificado la prohibición como un intento de impedir su labor humanitaria, advirtiendo que negar asistencia médica a la población civil es inaceptable en cualquier circunstancia. Además, ha rechazado las acusaciones de que sus trabajadores estén vinculados a grupos terroristas, afirmando que tales afirmaciones sin pruebas ponen en riesgo al personal y obstaculizan la atención médica crucial.
La decisión ha sido condenada internacionalmente, con la Unión Europea y la ONU criticando la medida y enfatizando la necesidad urgente de mantener la ayuda humanitaria en Gaza. Una coalición de diez países ha expresado su grave preocupación por el deterioro humanitario, resaltando que uno de cada tres centros de salud en Gaza podría cerrar si se detienen las operaciones de estas organizaciones. En medio de este complejo panorama, las ONG buscan alternativas para seguir brindando asistencia a una población que enfrenta un escenario cada vez más crítico.
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