La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha destacado que la venta de vivienda en España no representa un problema en sí, sino que el verdadero desafío consiste en los precios a los que se ofrecen estas propiedades, los cuales resultan inalcanzables para muchos ciudadanos. Rodríguez se ha pronunciado en relación a la reciente información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que revela un incremento del 51,3% en la compraventa de viviendas durante el mes de octubre de 2023, con un total de 69,418 transacciones. Esta cifra marca un hito, siendo la más alta desde mayo de 2007.
Durante una rueda de prensa en Illescas, Toledo, la ministra enfatizó que España es un país atractivo para vivir, lo que ha generado una alta demanda de vivienda, superando los promedios de otros países europeos y de la OCDE. En respuesta a esta situación, Rodríguez afirmó que las administraciones públicas están trabajando para responder a la demanda y asegurar la asequibilidad de las viviendas.
El objetivo del Gobierno, junto a los alcaldes, es garantizar que las nuevas viviendas sean accesibles, de modo que ninguna persona o familia tenga que destinar más del 30% de sus ingresos al pago de su hogar. En Illescas, cuya población supera los 30,000 habitantes, se están implementando proyectos de viviendas asequibles y de protección oficial, al mismo tiempo que se construyen viviendas libres.
Rodríguez explicó que la clave radica en equilibrar la demanda de vivienda mediante el apoyo de las administraciones públicas, tanto con iniciativas de protección oficial como con alquileres asequibles, impulsados por el Gobierno de España. En cuanto al plan de vivienda, la ministra manifestó su deseo de seguir avanzando. Subrayó que el Gobierno está trabajando en conjunto con diversas administraciones y ha movilizado recursos financieros sin precedentes en España, superando los 20,000 millones de euros desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia.
Desde el plan de recuperación, se han movilizado 5,500 millones en forma de préstamos y avales por otros 8,500 millones, lo que refleja un esfuerzo significativo por parte del Gobierno para abordar las necesidades habitacionales de la ciudadanía, considerada una de sus principales preocupaciones.
