Nuevas revelaciones apuntan a más centros de FP implicados en irregularidades de contratación bajo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso enfrenta una creciente polémica debido a los contratos fraccionados para la construcción de centros de Formación Profesional (FP). La presidenta de la Comunidad de Madrid inauguró varios centros que ahora están bajo sospecha de haber violado la Ley de Contratos del Sector Público. El caso más reciente es el del IES Ignacio Ellacurría, en Alcorcón.
El instituto se presentó como un referente de la educación online durante la pandemia, pero las investigaciones actuales revelan que se construyó con prácticas irregulares. La administración de Ayuso está bajo el escrutinio público por adjudicar obras sin concurso y dividir contratos para evitar los controles legales. Esto incluye la transferencia irregular de fondos a otros municipios para ocultar el alcance de las obras.
Desvío de fondos y contratos fraccionados complican la situación
Uno de los aspectos más controvertidos del caso es el desvío de fondos a otros municipios, como ocurrió con el instituto Luis Buñuel en Móstoles. El dinero se utilizó para pagar a las constructoras encargadas de la obra en Alcorcón, evitando el control financiero. Este esquema permitió que las empresas beneficiadas continuaran trabajando bajo la sombra de la legalidad, sin la intervención de los organismos de control. Las investigaciones señalan a Alfonso Mateos como uno de los principales responsables de estos movimientos.
La Consejería de Educación ha cesado a varios responsables, pero las dudas persisten sobre el alcance de las irregularidades. El subdirector de FP, Alfonso Mateos, ha sido señalado por su implicación en el fraccionamiento de contratos y el desvío de dinero entre centros de diferentes municipios. A pesar de su destitución, las investigaciones continúan revelando más detalles de esta trama.
Responsables clave en la trama
Aunque Alfonso Mateos ha sido uno de los primeros en ser señalado, es poco probable que haya sido el único responsable de esta trama. Las investigaciones abarcan hasta ocho centros educativos en diferentes zonas de Madrid, lo que implica que otros altos cargos también podrían estar involucrados. Entre ellos, destacan los nombres de Enrique Ossorio, entonces consejero de Educación, y Manuel Bautista, actual alcalde de Móstoles.
El escándalo ha generado una gran presión política sobre el gobierno de Ayuso. La creciente implicación de altos funcionarios pone en duda la transparencia de la gestión educativa en Madrid. Las autoridades locales deberán responder ante las acusaciones de corrupción y prevaricación, que continúan ganando fuerza a medida que se descubren más detalles.
