El Seprona de la Guardia Civil lleva a cabo una investigación que involucra a cuatro personas, a quienes se les imputan presuntos delitos de riesgo catastrófico, contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como contra los derechos de los trabajadores y por falsedad documental. Esta acción legal surge a raíz de la paralización de la actividad en la planta que gestionaba los residuos animales Sandach de Categoría 1 en Castilla-La Mancha, debido a graves irregularidades biosanitarias y medioambientales.
La planta en cuestión recibe, principalmente, residuos que contienen cuerpos o partes de animales sospechosos de estar infectados por enfermedades transmissibles, incluyendo animales sacrificados para la erradicación de enfermedades, ejemplares de experimentación y productos de animales tratados con sustancias prohibidas.
Los problemas comenzaron a llamar la atención en agosto de 2023, cuando ciudadanos de Puertollano reportaron malos olores provenientes de las instalaciones. Esta situación se relacionó inicialmente con un incendio en una de las máquinas de la planta que, en julio, obligó a proceder con un enfriamiento manual del residuo, generando emplazamientos de olor desagradable en el área circundante.
Un hecho que intensificó la preocupación fue la denuncia presentada en marzo de este año por parte de un representante de una compañía de transporte de residuos Sandach, quien alertó sobre impagos y la presencia de remolques conteniendo cadáveres en las instalaciones, así como una cisterna para lixiviados de estos materiales. También destacó la peligrosidad a la que estaban expuestos los trabajadores debido a los gases dañinos generados por la descomposición de la materia orgánica.
La unidad de Seprona, ante la gravedad de las denuncias, llevó a cabo una serie de investigaciones que confirmaron la veracidad de la información recibida. Durante el operativo, se recogieron muestras en el arroyo Bermeja, donde se detectaron vertidos sin depurar provenientes de la planta.
Las irregularidades encontradas fueron tan numerosas y graves que, efectivamente, contradecían la posibilidad de que la planta continuara operando, tanto por la ausencia de autorizaciones necesarias como por el grave riesgo biosanitario y ambiental que representaba. Tras la orden de paralización emitida por la Autoridad Regional competente, la Guardia Civil siguió de cerca el cumplimiento de esta medida, solo para hallar que, durante semanas, los responsables ignoraron la orden de la Consejería.
La planta, que se encargaba de la recogida y gestión de residuos para toda la región, fue objeto de una inmovilización de miles de toneladas de material considerado «desecho», que se estaba almacenando de manera irregular en diferentes naves. Este material fue colocado bajo la supervisión de la Dirección General de Ordenación Agropecuaria.
Los informes elaborados por la Guardia Civil han resultado en la presentación de atestados judiciales ante los Juzgados de Instrucción de Puertollano, donde se han iniciado diligencias previas en torno a los delitos atribuidos a las cuatro personas investigadas.
