El Equipo @ de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil en Ciudad Real ha llevado a cabo una investigación en el marco de la ‘Operación PROFEL’, detectando a una persona como el presunto autor de varios delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental. El implicado, quien se desempeñaba como director de una sucursal bancaria de la provincia, habría abusado de su posición para llevar a cabo operaciones ilegales utilizando los terminales de sus compañeros.
Según la información proporcionada por la Guardia Civil en un comunicado, el detenido habría conseguido defraudar un total de 59.250 euros. Su modus operandi consistía en aprovechar la inoperatividad de cuentas bancarias de personas fallecidas o de aquellas que llevaban largos períodos sin actividad. La investigación se inició tras la denuncia presentada por el familiar de un afectado. Este había descubierto que la cuenta bancaria de su padre, fallecido años atrás, contaba con un saldo casi nulo. Al no encontrar explicación sobre el uso de la cartilla bancaria, decidió acudir a la Guardia Civil para interponer la denuncia.
La colaboración entre la entidad bancaria y la Guardia Civil fue fundamental para aclarar los hechos. La entidad se mantuvo en constante disposición para ayudar a resolver la situación dentro de los límites legales. A través de la investigación, se identificó al autor y se localizaron a otros catorce perjudicados, en su mayoría personas mayores o fallecidas, quienes también fueron víctimas de la operativa del director bancario.
Los fondos defraudados han sido finalmente reembolsados a sus legítimos propietarios; además, la entidad bancaria se ha constituido como acusación particular en el caso. La investigación reveló que el autor, aprovechando su posición, controlaba de forma regular las cuentas de clientes vulnerables, generando duplicados de cartillas bancarias mediante la falsificación de firmas y la creación de nuevos códigos de seguridad. Para llevar a cabo las extracciones, utilizaba los terminales de sus compañeros en momentos en que estos no se encontraban presentes, lo que le permitía realizar las operaciones sin ser descubierto y evitar la respuesta inmediata.
Las diligencias de la investigación han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Daimiel, donde se tramita el caso. La operación ha levantado un alerta sobre la necesidad de establecer medidas de protección más eficaces para los clientes de edad avanzada y aquellos cuyos fondos permanecen inactivos.
