El escándalo que rodea al exministro de Cultura italiano Gennaro Sangiuliano continúa intensificándose tras su reciente dimisión, provocada por la controversia alrededor de una «influencer» y su relación afectiva con ella. Ahora, el foco de atención se ha desplazado hacia las investigaciones legales en curso, ya que la Fiscalía de Roma lo indaga por los delitos de malversación y revelación de secretos, mientras que el Tribunal de Cuentas del Lacio profundiza en la posible malversación de fondos públicos.
La dimisión de Sangiuliano, una figura reconocida dentro del ámbito cultural italiano, vino precedida por una serie de revelaciones hechas por Maria Rosaria Boccia, la «influencer» de 41 años en el centro de esta tempestad. Boccia alegó haber sido nombrada asesora de Sangiuliano para grandes eventos, una afirmación que el exministro niega rotundamente. Sin embargo, el Corriere della Sera reportó que las investigaciones se concentran en varios viajes, estancias y cenas del dúo, buscando esclarecer el posible desvío de fondos públicos que Boccia reclamó haber documentado a través de sus cuentas de redes sociales, mediante la publicación de audios, vídeos y documentos que complican aún más la situación.
En paralelo, se examina el uso ministerial de vehículos para desplazamientos personales de Boccia, incrementando la presión sobre Sangiuliano que ya enfrenta acusaciones serias. A pesar de las denuncias, Sangiuliano sostiene su inocencia, afirmando que no se ha gastado ni un euro público indebidamente y anuncia su intención de llevar a Boccia ante la justicia.
El caso ha impactado significativamente en la política italiana, afectando la credibilidad del gobierno liderado por Giorgia Meloni. La oposición ha tachado el episodio de «vergonzoso culebrón» y exige explicaciones detalladas de los hechos, mientras Sangiuliano busca limpiar su nombre, inicialmente ofreciendo disculpas públicas en un conmovedor acto en la televisión nacional, reconociendo la relación afectiva con Boccia y presentando su dimisión inmediata del cargo.
Con la Fiscalía de Roma y el Tribunal de Cuentas del Lacio profundizando en las investigaciones, el escándalo promete continuar en el ojo público, levantando interrogantes sobre las consecuencias para Sangiuliano y las implicaciones más amplias para el gobierno de Meloni. A medida que surgen más detalles, la atención se centra en la manera en que el uso de recursos públicos y las relaciones personales se entrelazan en el tejido de la política italiana contemporánea.
