La Guardia Civil de Toledo ha llevado a cabo la operación ‘Pastorow’, centrada en la investigación de cinco personas y dos asociaciones de ayuda, promoción y desarrollo personal en la comarca de la Sisla por la presunta comisión de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como contra los derechos de los trabajadores.
Durante la operación, se descubrió que dichas asociaciones habían gestionado de manera irregular las placas de fibrocemento con amianto de las techumbres que colapsaron a causa de la borrasca ‘Filomena’. Según la información proporcionada en una nota de prensa por la Benemérita, manipularon estos residuos peligrosos y procedieron a su enterramiento parcial en el mismo terreno mediante oquedades excavadas.
La correcta gestión de los residuos de amianto es de vital importancia, dado el alto riesgo que representan para la salud humana y el medio ambiente. Este proceso, marcado por un elevado coste económico debido a la necesidad de medios técnicos especializados y personal cualificado, fue evitado por las asociaciones investigadas.
A lo largo de cuatro meses, la Guardia Civil comprobó que los individuos involucrados en el tratamiento y enterramiento del amianto no contaban con el equipo de protección individual requerido para llevar a cabo estas operaciones de forma segura.
Especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) constataron la presencia de grandes cantidades de residuos con amianto, altamente fragmentados, lo que incrementa drásticamente el peligro de liberación de fibras de amianto al ambiente. Estas fibras, al ser inhaladas, pueden depositarse en los alveolos pulmonares y provocar enfermedades graves como asbestosis pulmonar, cáncer de pulmón o mesotelioma.
La utilización y comercialización de amianto en España está prohibida desde la publicación de la Orden de 7 de diciembre de 2001, y su retirada solo puede ser ejecutada por empresas que cumplan con estrictas normas de seguridad.
Con los resultados de la investigación y las diligencias policiales en mano, los hechos han sido remitidos al Juzgado de Guardia para su instrucción en vía penal, dado los ilícitos cometidos contra los recursos naturales y los derechos de los trabajadores.
