La Fiscalía Regional de Magallanes y Antártica Chilena ha iniciado una investigación tras la difusión de unas fotografías de la princesa Leonor de España. Las imágenes, captadas mientras la joven de 19 años se encontraba de compras en el centro comercial Zona Franca de Punta Arenas, emergieron pocas horas después de que la Casa Real española notificara los hechos a las autoridades. Este incidente se produjo el viernes 21 de marzo, según confirmaron fuentes judiciales a EFE.
Esta investigación responde a una denuncia presentada por guardias españoles ante los Carabineros de Chile, basada en el Artículo 161 letra A del Código Penal chileno, que regula la “captación y difusión de imágenes de carácter privado sin consentimiento de los afectados”. Desde la Fiscalía se ha señalado que «se han realizado diligencias inmediatas en el marco de la investigación», evidenciando la seriedad con la que se está tratando el caso.
El centro comercial implicado ha admitido haber sido la fuente de las imágenes, alegando que su difusión tuvo «fines periodísticos». A través de un comunicado, la dirección del centro comercial Zona Franca, uno de los más importantes de la Patagonia chilena, ha querido subrayar que la visita de la princesa Leonor se llevó a cabo de manera privada en un espacio abierto al público, sin previo anuncio ni divulgación por su parte. La institución también se ha mostrado dispuesta a colaborar con las autoridades en cualquier requerimiento de información o investigación que surja en el futuro.
Por su parte, la Casa Real española mostró su descontento y preocupación por la obtención y difusión ilegal de esas imágenes, tratándose de la primera vez que presenta una denuncia de este tipo. «No vale todo», subrayan desde la institución, aludiendo a la violación de la normativa vigente en materia de protección de datos, aplicable tanto en Chile como en España, la cual prohíbe este tipo de prácticas.
La princesa Leonor llegó a la ciudad de Punta Arenas el pasado 18 de marzo a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, junto a sus 75 compañeros de la Escuela Naval de Marín, formando parte de su instrucción militar.
Este caso abre un debate sobre la privacidad de las figuras públicas y la legalidad en torno a la captación y divulgación de sus imágenes en espacios públicos, apuntando a un posible precedente en la forma en que se manejan este tipo de situaciones a nivel internacional.
