Investigación desmantela red que estafó 1.1 millones a empresas españolas mediante ciberataques y falsificación de documentos.

Nueve personas investigadas por estafar un millón de euros a empresas de varias provincias, algunas de C-LM

La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación ‘Company-ceres’, en la cual se han investigado a nueve personas e identificado a otras 20 como presuntos autores de varios delitos relacionados con estafas y blanqueo de capitales. Estos individuos se habrían apropiado de la suma de 1.176.692 euros pertenecientes a un total de 36 empresas españolas utilizando el conocido método de ‘Business Email Compromise’ (BEC).

Las investigaciones se iniciaron en mayo de 2021 debido al aumento de casos de estafa mediante el uso de BEC. Las empresas afectadas, ubicadas en las provincias de Toledo, Madrid, Barcelona, Valencia y Cuenca, denunciaron que habían sido víctimas de un ciberataque. Los responsables de estos ataques lograron interceptar los correos electrónicos enviados a los proveedores con los que las empresas habían realizado operaciones comerciales. Posteriormente, los delincuentes accedían a estos correos, modificaban tanto la dirección de correo electrónico como el número de cuenta, de manera que las empresas perjudicadas terminaban realizando transferencias a cuentas controladas por los estafadores.

El instituto armado ha informado que los agentes del equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo se hicieron cargo del caso debido a la importancia y alcance de los hechos. Así dio inicio la Operación ‘Company-ceres’.

Después de un minucioso estudio que implicó analizar 36 cuentas bancarias y cientos de movimientos, los agentes pudieron identificar a los beneficiarios de las transferencias realizadas por las víctimas engañadas. Estas víctimas creían que estaban transfiriendo dinero a cuentas pertenecientes a sus proveedores, cuando en realidad estaban enviando el dinero a las cuentas controladas por los estafadores.

Se descubrió que los autores del delito utilizaron identidades falsas e incluso abrieron cuentas bancarias con documentación falsa. Como resultado de la operación, se han logrado recuperar 247.371 euros de los 1.176.692 euros estafados.

La actuación de los investigadores también permitió bloquear un total de once cuentas bancarias y esclarecer 40 delitos. Entre estos delitos se encuentran 23 estafas, cinco casos de blanqueo de capitales, 10 casos de usurpación de estado civil y dos casos de falsedad documental. Como resultado, nueve personas en las provincias de Barcelona, Granada, Málaga, Valencia, Navarra y Las Palmas fueron investigadas y otras 20 fueron identificadas, una de las cuales se encuentra en prisión, como presuntos autores de los delitos investigados.

Al analizar la documentación, la Guardia Civil pudo comprobar que, en algunos casos, después de recibir el dinero en las cuentas fraudulentas, los delincuentes llevaban a cabo transferencias inmediatas a otras cuentas bancarias ubicadas en varios países europeos. Esto se realizaba con el propósito de introducir el dinero estafado en el circuito legal, con la ayuda de «mulas económicas» que recibían una pequeña compensación económica por su participación en estas operaciones.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido puestas a disposición de nueve juzgados de instrucción en diferentes localidades de la provincia de Toledo que tienen jurisdicción sobre los hechos investigados. Estos juzgados ya habían iniciado diligencias previas relacionadas con el caso.

Durante el desarrollo de esta operación, se ha contado con la colaboración de los equipos de la Comandancia de Toledo para llevar a cabo las investigaciones necesarias.

Es importante destacar la labor de la Guardia Civil en la lucha contra el fraude y el cibercrimen, así como la importancia de que las empresas refuercen sus medidas de seguridad para protegerse de este tipo de estafas. La operación ‘Company-ceres’ representa un avance significativo en la lucha contra este tipo de delitos económicos y muestra el compromiso de las autoridades en la persecución y prevención de actividades delictivas en el ámbito virtual.

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