La Fiscalía Europea, en colaboración con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) y la Guardia Civil, lleva a cabo una investigación sobre un presunto fraude fiscal de más de 74 millones de euros en el mercado de vehículos de alta gama. En una serie de registros realizados en distintas provincias españolas como Madrid, Badajoz, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria, se han detenido al menos 50 personas involucradas en la operación.
La trama criminal investigada está relacionada con un fraude en adquisiciones intracomunitarias de coches de lujo, que incurren en delitos contra Hacienda, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. Se señala que más de 1.900 vehículos pudieron haber sido utilizados en 2019, 2020 y 2021 para evadir el pago del IVA, en una operación que habría supuesto un volumen de ventas superiores a los mencionados 74 millones de euros.
Los investigadores detallan que los cabecillas de la red buscaban testaferros en Alemania para la compra de los automóviles, que luego eran supuestamente vendidos a terceros en Portugal, y finalmente terminaban en concesionarios españoles. La estrategia de evasión fiscal conocida como «fraude carrusel de IVA» consiste en repercutir el IVA y al mismo tiempo solicitar la devolución de este impuesto ante la Agencia Tributaria, beneficiándose indebidamente del sistema fiscal.
La operación también incluye la investigación a concesionarios que comercializaban estos vehículos. Aunque algunos de ellos alegan desconocer la trama fraudulenta, las autoridades evalúan su grado de implicación en los hechos.
En el proceso penal en curso, los sospechosos están declarando ante las autoridades. Entre los investigados, uno de los principales señalados, residente en Badajoz y defendido por Ospina Abogados, niega los cargos imputándole y afirma haber actuado siempre dentro de la legalidad. El abogado Juan Gonzalo Ospina, que defiende al citado cabecilla, expresa confianza en la inocencia de su cliente y manifiesta que aún se está en una etapa inicial de la investigación.
Ospina Abogados, con el refuerzo del exfiscal de la Audiencia Nacional Juan Antonio García Jabaloy como socio, se prepara para presentar la defensa y demostrar la legalidad en las operaciones de su representado, arguyendo que, a menudo, quien vende un producto puede desconocer un fraude fiscal asociado al mismo.
La investigación sigue activa y las autoridades continúan trabajando para aclarar todas las implicaciones de este complejo caso de fraude fiscal en España.
