La Guardia Civil de Soria ha puesto bajo investigación a cinco empresas pertenecientes a los sectores de la madera y el metal por su involucramiento en la comercialización ilegal de unas 4.500 traviesas de tren. Este comercio ilegítimo ha tenido lugar en diversas provincias de España, incluyendo Soria, Ibiza, Toledo, Vizcaya y Ciudad Real, bajo la denominación de Operación ‘Ferritina’.
Estas empresas se enfrentan a acusaciones de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. El delito reside en la venta de traviesas de madera que habían sido tratadas con creosota, un compuesto químico considerado peligroso debido a su mezcla de unos doscientos compuestos, entre los que se encuentra el benzo(a) pireno, un químico conocido por su riesgo carcinogénico y por suponer una amenaza para el medio ambiente. Los efectos ambientales de la creosota son significativos, con implicaciones tanto para el suelo como para las aguas subterráneas, además de ser una posible fuente de contaminación atmosférica cuando la madera tratada con dicha sustancia se quema de manera incontrolada.
El origen de la investigación se remonta a junio de 2023, cuando el SEPRONA descubrió el transporte de traviesas creosotadas desde el desmantelamiento de la vía férrea Calatayud-Cidad Dosante, llevado a cabo en 2020. Este transporte se realizó sin atender a la normativa medioambiental vigente, que impone un correcto manejo de estos materiales como residuos peligrosos y su reutilización adecuada.
Después de la publicación de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, las traviesas de tren impregnadas con creosota y que provienen del desmantelamiento de las vías se consideran residuos peligrosos. Esto requiere que, a menos que se reutilicen para construir un nuevo tramo de vía férrea, deben ser entregadas y tratadas por un gestor autorizado de residuos peligrosos.
La operación ‘Ferritina’ se inició tras detectar la posibilidad de que se estuviera eludiendo esta normativa y cometiendo ilícitos penales. Una rigurosa evaluación de la documentación reveló que los envíos de traviesas no solo se habían hecho a Ibiza, sino también a otras localidades, incluida una empresa en Ciudad Real.
Como resultado de la investigación, se han cursado las diligencias penales pertinentes, que se han entregado al Juzgado de Instrucción número 1 de Soria y a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Soria. Además, se formularán denuncias ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León por las infracciones cometidas contra la normativa de residuos.
