El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado su proyecto de presupuestos para el año 2024, proponiendo una inversión de 253,3 millones de euros para continuar con el proceso de transformación digital, la consolidación del empleo público y la mejora de la gestión tributaria, determinando un aumento del cinco por ciento con respecto al año anterior.
Según el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, el presupuesto total ascenderá a 12.473 millones de euros, se mantendrá en equilibrio sin déficit y no supondrá un incremento impositivo para los ciudadanos. Dichos detalles fueron expuestos durante la comisión de presupuestos de las Cortes, donde Ruiz Molina también informó sobre la ejecución del presupuesto del 2023, que se situó en un 70,6 por ciento a finales de octubre.
El consejero detalló que prácticamente la mitad de la inversión destinada a la Transformación Digital se aplicará en ciberseguridad e Inteligencia Artificial, con el fin de mejorar la evaluación de las políticas públicas impulsadas por la Junta. También se mencionó un refuerzo significativo en el área de seguridad y protección ciudadana, concretamente en la mejora de infraestructuras del servicio 112 y la nueva Escuela de Protección Ciudadana.
Además, Ruiz Molina afirmó que habrá ofertas públicas de empleo anuales, hasta completar un total de 12.000 plazas durante la legislatura, con especial énfasis en las áreas sanitaria y educativa. La implementación del expediente electrónico para cada contribuyente también fue un punto clave, simplificando el cumplimiento de las obligaciones fiscales y propiciando la participación de las PYMEs en los procesos contractuales.
El «carácter social» del presupuesto fue enfatizado por el consejero, pues el 70 por ciento del gasto no financiero estará enfocado en sustentar los servicios públicos fundamentales, con un montante superior a los 1.700 millones de euros destinados a financiar operaciones de capital y un incremento del 12 por ciento en los fondos destinados a combatir la despoblación.
Desde la oposición, el diputado del PP, Nacho Redondo, mostró preocupación por la incertidumbre económica derivada de la inflación y el aumento de las tasas de interés, anunciando enmiendas a la totalidad y parciales, con especial interés en conocer más detalles sobre la estimación de recursos y las reglas fiscales del presupuesto.
Por otro lado, el diputado de Vox, David Moreno, hizo un llamado a la reducción de impuestos y a la supresión de subvenciones a sindicatos, patronales y partidos políticos, además de proponer la eliminación o bonificación completa de los impuestos de sucesiones y patrimonio, así como una rebaja en el tramo regional del IRPF y el rechazo a la Agenda 2030.
Ante estas propuestas, el portavoz de Hacienda y Presupuestos del PSOE, Fernando Mora, junto con Ruiz Molina, acusaron a Moreno de demagogia, argumentando que es sencillo prometer bajadas de impuestos desde la oposición pero difícil hacer «milagros» desde el gobierno. Mora defendió la preferencia de mantener un nivel de impuestos que asegure servicios públicos de calidad, argumentando que reducir impuestos podría penalizar a los más desfavorecidos y disminuir significativamente la capacidad de financiación de la administración pública. Finalmente, alegó que las preocupaciones de Moreno y Redondo deberían centrarse más en los aspectos importantes de los presupuestos y menos en la retórica nacionalista.