El gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a un importante desembolso económico enfocado en la depuración del agua, reflejando así su compromiso con las políticas medioambientales y de sostenibilidad. La consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, informó después de la reunión del Consejo de Gobierno que se ha autorizado una partida de casi dos millones de euros con el fin de supervisar el correcto funcionamiento de 239 depuradoras que dan servicio a 248 municipios y benefician a 492.128 habitantes.
Esta supervisión asegura el cumplimiento de contratos de explotación, el adecuado funcionamiento de los sistemas y la realización de las visitas técnicas necesarias para mantener la eficiencia en la gestión de estas infraestructuras esenciales en el ciclo urbano del agua. En palabras de la consejera, la relación estrecha con los ayuntamientos es clave para una gestión mancomunada mejorada, incluyendo la posibilidad de asumir la gestión directa de algunas depuradoras a solicitud de los municipios.
La estrategia y esfuerzos del gobierno que preside Emiliano García-Page se ampliarán en 2024, con una previsión de inversión de 51 millones de euros destinados a la mejora de los sistemas de depuración, un notorio cambio de rumbo respecto a la gestión anterior durante la cual, según Padilla, «se invirtieron cero euros en depuración» y se paralizaron importantes proyectos de infraestructura que han tenido que ser retomados.
Padilla ha remarcado el objetivo de cumplir no solo con las normativas europeas, sino también con la responsabilidad ambiental y con las futuras generaciones, reflejando una política de estado que mira hacia el futuro, con una inversión acumulada desde 2015 que alcanza los 69,4 millones de euros, y que se prevé aumentar hasta 143 millones de euros en materia de depuración una vez concluidas las obras en curso.
En el horizonte del gobierno regional se encuentra el Plan de Depuración del Agua hacia 2032, una apuesta por la economía circular con la que se espera devolver las aguas residuales tratadas en las mejores condiciones a los ecosistemas acuáticos, cumpliendo así con una política integral de sostenibilidad y respeto a las directrices europeas sobre tratamiento de aguas residuales.
La consejera ha resaltado que la finalidad es tener todas las aguas que se vierten a los ríos de la región depuradas para el año 2032, con una inversión estimada de 600 millones de euros que permitirá desarrollar 629 depuradoras, afianzando la dedicación de la administración hacia la preservación ambiental y la calidad de los recursos hídricos de Castilla-La Mancha.
Para el próximo año, se proyecta la finalización y puesta en marcha de diversas infraestructuras en la región que permitirán consolidar el proceso de tratamiento de aguas residuales en distintas localidades, asegurando la continuidad y expansión de un servicio esencial para la sostenibilidad ambiental y la salud pública de la comunidad autónoma.
