En un giro inesperado en la política israelí, una votación preliminar para disolver el Parlamento, propuesta por la oposición, no alcanzó el respaldo necesario para avanzar. En una maratónica sesión en la Knéset, que extendió su actividad hasta altas horas de la madrugada, el recuento final mostró 61 votos en contra frente a 53 a favor de la disolución.
La moción, liderada por el partido Yesh Latid, se enfrentó a la necesidad de conseguir el apoyo de dos importantes facciones ultraortodoxas, Judaísmo Unido de la Torá y Shas, ambas aliadas del primer ministro, Benjamin Netanyahu. Estas facciones habían previamente insinuado una posible retirada de su respaldo a Netanyahu debido a la demora en aprobar una legislación clave que eximiría a muchos judíos ultraortodoxos del servicio militar obligatorio. Sin embargo, en un cambio de eventos, decidieron votar en contra de la disolución de la Knéset, argumentando haber llegado a un principio de acuerdo con Netanyahu.
Este resultado no solo preserva la estabilidad actual del gobierno sino que también otorga a Netanyahu un respiro frente a las crecientes tensiones internas dentro de su coalición. Los partidos ultraortodoxos siguen interesados en asegurar un marco que mantenga las exenciones militares, un asunto controversial en Israel, especialmente con el actual conflicto en la Franja de Gaza y la subsecuente extensión del servicio militar obligatorio y la movilización de reservistas.
Dicha controversia se centra en el mantenimiento de privilegios históricos que han permitido a los judíos estudiando en escuelas religiosas a tiempo completo evitar el servicio militar, un tema que ha dividido opiniones en el país. Aunque hay una propuesta de ley en marcha para mantener gran parte de estas exenciones, el debate interno y las diferencias de opinión han llevado a un estancamiento legislativo.
Cabe destacar que, en junio de 2024, expirará una disposición temporal que permitía estas exenciones, y el Tribunal Supremo ya ha ordenado el alistamiento de los ultraortodoxos. Esto ha obligado al gobierno a proponer una nueva ley que, si bien mantendría la mayoría de las exenciones, también contemplaría el alistamiento de algunos miembros de la comunidad ultraortodoxa.
El fallido intento de disolver el Parlamento subraya la complejidad de la política israelí, marcada por la influencia de las facciones religiosas y los desafíos constantes que enfrenta el gobierno de coalición para mantenerse unido frente a asuntos divisivos como la obligatoriedad del servicio militar y las consecuencias de las hostilidades en curso en la Franja de Gaza.
