Intentarán juzgar nuevamente a refugiado afgano por violación a compatriota en Ciudad Real tras la anulación de su primer juicio

Intentarán juzgar por segunda vez a un refugiado afgano acusado de violar a una compatriota en Ciudad Real

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real se prepara para juzgar nuevamente a G.M.S., un refugiado afgano residente en la localidad, el próximo jueves 23 de enero. El acusado enfrenta cargos por agredir sexualmente a otra compatriota que, al igual que él, se encontraba bajo el Sistema de Acogida de Protección Internacional de una ONG. Este delito resultó en el embarazo de la víctima.

El juicio, que originalmente estaba programado para el 14 de enero, fue suspendido debido a la ausencia del acusado, lo que llevó a la emisión de una orden de detención en su contra.

De acuerdo con el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, G.M.S. y la víctima se conocieron en Ciudad Real a través del mencionado programa de acogida. A lo largo de su relación, el acusado brindó apoyo a la mujer en su proceso de integración en España, dado que él contaba con más tiempo en el país.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2022, cuando G.M.S. invitó a la víctima a su domicilio bajo el pretexto de devolverle una aguja y un hilo que ella le había solicitado para confeccionar su ropa. Durante la visita, el acusado ofreció a la mujer bebidas alcohólicas, y aunque ella aceptó una copa, no llegó a terminarla. Posteriormente, G.M.S. la obligó a entrar en su habitación en contra de su voluntad.

Una vez en su habitación, el acusado desnudó a la víctima de manera violenta, rompiendo su ropa, y la agredió sexualmente, eyaculando en su interior. Como resultado de la violación, la mujer quedó embarazada, aunque tomó la decisión de interrumpir el embarazo.

El Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de seis años de prisión para G.M.S. por agresión sexual. Además, se pide su expulsión de España al cumplir tres cuartas partes de la condena y se le prohibiría regresar al país durante un período de diez años. Asimismo, el fiscal solicita una indemnización de 25.000 euros para la víctima por los daños morales causados.

Scroll al inicio