Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha anunciado la implementación del nuevo servicio telefónico 020 destinado a reforzar la información y resolver las consultas de los solicitantes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a partir del próximo verano, junto con un incremento del 40% en la plantilla.
Durante la jornada ‘IMV: una política más viva que nunca’ en Madrid, Saiz expresó que la iniciativa marca «una nueva etapa» en el objetivo gubernamental de asegurar el acceso a esta prestación económica a quienes aún no la han solicitado. La ministra resaltó la importancia de la facilidad y agilidad en el proceso de acercamiento a las personas con derecho a la prestación, comparando la relevancia de este servicio con otros teléfonos cortos gubernamentales para cuestiones prioritarias como la violencia de género, la ciberseguridad ciudadana y la salud mental.
Aclaró, sin embargo, que el proceso de obtención del IMV involucra un complejo sistema administrativo, ya que se trata de la gestión de recursos públicos. Desde su creación hace casi cuatro años, la iniciativa ha alcanzado a aproximadamente 750.000 hogares y 2,2 millones de personas, con una inversión total de 9.300 millones de euros. La ministra destacó el carácter laboralmente compatible de la prestación.
De los beneficiarios, un 66% son mujeres, con un enfoque especial en menores, ya que 43% de los receptores son niños o adolescentes. Además, en el 68,3% de los hogares beneficiarios reside al menos un menor. Saiz también señaló que las familias monoparentales y los jóvenes adultos son beneficiarios significativos de la prestación, con una edad promedio de 28 años entre los adultos receptores.
Desde 2020, la cuantía del IMV ha aumentado un 31%, y los pagos varían según la composición del hogar, con una renta mensual desde 604 euros para un adulto hasta 1.233 euros para familias monoparentales con discapacidad grave.
Mónica Martínez-Bravo, secretaria general de Inclusión, apuntó que el IMV busca trascender el mero concepto de prestación económica para convertirse en una política de acompañamiento integral. Destacó que, más allá de la ayuda económica, se trabaja en desarrollar itinerarios de inclusión social, como establece la ley del IMV.
