En un encuentro reciente entre la Secretaría de Estado de Turismo y representantes de las comunidades autónomas, se ha puesto en agenda la creación de un grupo de trabajo que tendrá como objetivo principal abordar la implementación de la nueva normativa europea referente a los alojamientos turísticos de corta duración. Dicha normativa, que se encuentra actualmente en trámite ante las autoridades europeas, podría recibir el visto bueno del Parlamento en el transcurso de este mismo mes y posteriormente deberá ser aprobada por el Consejo Europeo.
Entre las innovaciones que presenta la normativa, se destaca la introducción de una ventanilla única que permitiría un intercambio de información más ágil y efectivo entre las comunidades autónomas y el Ministerio. Este sistema busca unificar los registros regionales y ofrecer datos esenciales y actualizados sobre la oferta y la ocupación de este tipo de alojamientos turísticos.
Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo, estuvo presente en la reunión y enfatizó la importancia de trabajar de manera coordinada con el gobierno central y las demás comunidades autónomas. La finalidad es garantizar que la adopción de este reglamento aporte beneficios al sector al prevenir situaciones de competencia desleal, así como para asegurar a los visitantes el acceso a un registro fiable de establecimientos autorizados. Esto último se traduciría en una mayor transparencia y en un incremento de la confianza por parte de los turistas.
La secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo, quien presidió la sesión, subrayó el compromiso de las autoridades autonómicas para colaborar estrechamente en la materialización del reglamento europeo. La implementación adecuada de esta normativa tiene el potencial de marcar un antes y un después en la regulación de la actividad turística de corta duración en España, alineándose con los esfuerzos a nivel continental para estandarizar y mejorar la calidad del servicio en el espacio europeo. La nota de prensa emitida por la Junta subraya que estas medidas están diseñadas no solo para respaldar a los prestadores de servicios del ámbito turístico sino también para proteger y satisfacer las necesidades de los consumidores y visitantes.