El 19 de febrero de 2025, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva que marca el inicio de un ambicioso plan para reducir la burocracia federal en Estados Unidos. Esta decisión, fundamentada en el deseo de minimizar el desperdicio gubernamental y aumentar la rendición de cuentas ante los ciudadanos, se inscribe dentro de una política más amplia del actual gobierno que busca desmantelar componentes considerados innecesarios de la administración pública.
La orden abarca varias entidades gubernamentales, entre ellas se encuentran el Presidio Trust, la Inter-American Foundation, la United States African Development Foundation y el United States Institute of Peace. Estas instituciones deberán presentar un informe en un plazo de 14 días que confirme su cumplimiento con la reducción fiscal y administrativa, estableciendo si sus funciones son requeridas por la ley y en qué medida.
La Casa Blanca ha dictado instrucciones claras sobre la revisión de las solicitudes de presupuesto de estas entidades, indicando que se rechazará el financiamiento que no se alinee con los nuevos lineamientos de reducción. Además, se revocará una memorandum presidencial de 1961 que enfatizaba la necesidad de una mayor coordinación de las actividades regionales del gobierno. Asimismo, se eliminarán las regulaciones que establece el funcionamiento de los Federal Executive Boards y el programa de Presidential Management Fellows, que inducirán a una reestructuración significativa en el ámbito del personal gubernamental.
La orden también pone en el punto de mira a diversos comités asesores federales, que se han considerado redundantes. Entre ellos, se destaca la eliminación del Advisory Committee on Voluntary Foreign Aid de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y otros consejos vinculados al sector financiero y de salud. Las cabezas de las agencias deben cumplir con estas directrices en un plazo cercano de 30 días, con la expectativa de que identifiquen y propongan la eliminación de más entidades gubernamentales que sean consideradas innecesarias.
La implementación de esta orden se realizará de manera consistente con las leyes aplicables y la disponibilidad de recursos presupuestales. Sin embargo, la administración ha señalado que esta medida no crea derechos que puedan ser reclamados legalmente, protegiendo así la integridad de la ejecución de la política gubernamental.
Esta decisión de restructuración administrativa se presenta como un esfuerzo por parte del liderazgo presidencial para promover la innovación y la libertad en el ámbito americano, en un momento en que la población demanda mayor eficiencia y transparencia en la gestión pública. Con este movimiento, la administración busca dar un paso significativo hacia un gobierno más ágil y responsable.
Fuente: WhiteHouse.gov
