El Gobierno de Emiliano García-Page apuesta por la defensa y el fortalecimiento de la universidad pública en la región de Castilla-La Mancha. A través de la Ley de Universidades prevista para el curso 2025-2026, se busca blindar la calidad y la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo superior.
La consejera Portavoz, Esther Padilla, ha destacado que esta nueva norma será fruto de un proceso de diálogo y consenso en el que participarán tanto el alumnado y el profesorado, como los rectores de las universidades públicas de la región. Se busca establecer una relación clara entre las instituciones universitarias y la Administración, así como fomentar la labor investigadora y formativa de estos centros.
Padilla ha criticado la tendencia en otras comunidades autónomas, gobernadas por la derecha, de favorecer el modelo de universidad privada en detrimento de la pública. Ejemplos como Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana han sido mencionados como casos donde se ha potenciado la creación de centros privados en desmedro de las instituciones públicas.
En contraposición, el Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por establecer estándares de calidad para las universidades privadas, garantizando que cumplan con requisitos mínimos en investigación y formación. Se busca que tanto las universidades públicas como privadas convivan bajo las mismas normas, asegurando la calidad y el respeto por la labor científica como pilar fundamental de la identidad universitaria.
En cuanto a la financiación de las universidades públicas, se ha destacado el aumento significativo de inversión durante la última década, demostrando el compromiso del Gobierno regional con la educación superior. Además, se han implementado políticas orientadas a reducir los precios públicos, promoviendo la accesibilidad a la educación universitaria.
En términos de políticas vanguardistas, se ha resaltado el apoyo a la ampliación de las enfermedades detectables en las pruebas de cribado neonatal, así como la regulación del sector del juego para prevenir la ludopatía y proteger a los menores en la región. Estas medidas reflejan el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con el progreso social y la defensa de los derechos de sus ciudadanos.
