El Informe de Fiscalización de la Cuenta General de Castilla-La Mancha correspondiente al ejercicio 2020 ha sido aprobado por el Tribunal de Cuentas. Esta será la última fiscalización que realice este organismo, ya que a partir del ejercicio 2021, estas funciones serán asumidas por la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha. Cabe destacar que la supresión de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha en 2014 fue determinante para este cambio.
En 2021, el sector público autonómico de Castilla-La Mancha estaba compuesto por 35 entidades, cuyos presupuestos agregados alcanzaron los 17.205 millones de euros. El gasto ejecutado fue de 16.264 millones de euros, según lo informado por el Tribunal de Cuentas en un comunicado.
El Tribunal de Cuentas valora positivamente que la Cuenta General de Castilla-La Mancha, que engloba las cuentas de las entidades administrativas del sector público, se haya adaptado a los principios y normas contables del Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad. No obstante, el informe revela algunas incidencias a tener en cuenta.
En cuanto a las cuentas anuales individuales del resto del sector público autonómico (sector empresarial y fundacional), se ha constatado que cumplen con las normas aplicables y reflejan de manera significativa la situación económica, financiera y patrimonial de dichas entidades, a excepción de algunas salvedades mencionadas.
Dentro de las conclusiones del informe, se destaca el alto grado de endeudamiento alcanzado en 2021 por la Comunidad Autónoma, lo cual genera una carga financiera con impacto en los presupuestos futuros. Asimismo, se indica que la sostenibilidad económica financiera del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha está condicionada por el mantenimiento de mecanismos extraordinarios de financiación por parte del Estado.
En relación a las recomendaciones, se sugiere modificar la delimitación del sector público y el régimen de financiación de las modificaciones presupuestarias en la Ley de Hacienda. También se propone establecer instrucciones para facilitar la conexión automatizada entre el inventario y la contabilidad, así como ajustar las asignaciones presupuestarias del Servicio de Salud a sus necesidades reales de gasto.
