En Jerusalén, la presencia de mujeres y hombres portando armas semiautomáticas ya no sorprende. Este fenómeno se acentúa en el barrio judío de la ciudad antigua, vigilado constantemente por jóvenes miembros de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI), cuyo servicio es obligatorio para la mayoría de los ciudadanos israelíes a partir de la mayoría de edad.
Sophia Or, una joven de 20 años, decidió enfrentarse a este mandato estatal, eligiendo la cárcel en lugar de ser parte de lo que ella describe como acciones inmorales del ejército. Su protesta es un reflejo de un sentimiento que crece entre algunos sectores de la sociedad israelí, especialmente después de los ataques del 7 de octubre y la controvertida reforma del poder judicial impulsada por el gobierno de Benjamin Netanyahu este año.
La guerra en Gaza ha llevado a un cambio profundo en la percepción de la obligatoriedad del servicio militar. A pesar de la movilización inicial de 360,000 reservistas tras los ataques de Hamás, reportes recientes indican una significativa disminución en la asistencia de soldados a la reserva, lo que ha provocado una discusión amplia sobre la moralidad y la necesidad de la guerra continuada en Gaza.
Este descontento no se limita a la sociedad civil. Dentro de las propias FDI, se ha informado de una notable reticencia entre los reservistas para participar en operaciones, especialmente en la Cisjordania ocupada y en la guerra en Gaza, consideradas por muchos como ilegales. Tal es el caso que cientos de reservistas, incluidos exoficiales de alto rango, han firmado cartas pidiendo el cese inmediato del conflicto para facilitar el regreso de los rehenes, apuntando a una fractura entre las políticas del gobierno de Netanyahu y la visión de muchas personas que forman parte de las fuerzas de seguridad.
Simultáneamente, el tema del servicio militar obligatorio ha tocado otro punto sensible en la sociedad israelí: la comunidad ultraortodoxa. Aunque históricamente exentos, el creciente malestar sobre su falta de participación en el esfuerzo de guerra se ha hecho evidente, y el Tribunal Supremo de Israel ha comenzado a presionar para que esta comunidad también contribuya al esfuerzo militar.
Esta situación subraya las complejidades y divisiones dentro de Israel respecto a la guerra en Gaza, la participación militar y las políticas gubernamentales. La disminución en la participación de los reservistas, la objeción consciente a participar en ciertas operaciones y el debate sobre el servicio militar de los ultraortodoxos revelan un país en una encrucijada, lidiando con preguntas difíciles sobre identidad, ética y el futuro de su conflicto con Palestina.
