En un giro inesperado en el ámbito judicial y político de Estados Unidos, el proceso contra Donald Trump por la falsificación de documentos destinados a ocultar un pago a la exactriz porno Stormy Daniels se encuentra en un compás de espera indefinido. El juez Juan Merchan ha decidido posponer, sin una nueva fecha establecida, la vista en la que se conocería si el presidente electo enfrentará una condena de cárcel.
Originalmente, la sentencia estaba programada para ser anunciada el próximo 26 de noviembre. Sin embargo, esta prórroga otorga más tiempo tanto a la defensa como a la fiscalía para consolidar y presentar sus argumentaciones. Según reportes de NBC News, el equipo legal de Trump ahora tiene hasta el 2 de diciembre para presentar sus alegatos finales, mientras que la fiscalía tiene plazo límite hasta el día 9 del mismo mes.
Trump, quien fue condenado en abril pasado por un total de 34 cargos, incluso antes de ser confirmado oficialmente como candidato del Partido Republicano a la Casa Blanca, enfrenta la posibilidad de ser condenado a una pena de prisión por el ocultamiento de un pago de 130.000 dólares a Steffanie Clifford, conocida como Stormy Daniels. Este pago estaba destinado a evitar que Daniels hablase públicamente sobre una supuesta relación extramatrimonial con Trump, poco antes de las elecciones de 2016.
En medio de la expectativa por la sentencia de este caso, que podría alcanzar los cuatro años de prisión, Donald Trump ha conseguido un respiro con una reciente sentencia del Tribunal Supremo que le otorga un cierto grado de inmunidad por actos realizados durante su primera etapa presidencial. Este fallo ha llevado a la Fiscalía a ajustar su imputación en otro caso abierto por injerencia electoral.
Los abogados de Trump, algunos de los cuales tienen promesas de ocupar cargos en el futuro Departamento de Justicia, han reforzado su demanda para archivar todo el proceso, arguyendo que el acusado es ahora un mandatario electo. Trump, quien regresará a la Casa Blanca el próximo 20 de enero para su toma de posesión, aguarda las siguientes movidas en este complejo entramado legal que pone a prueba las estructuras del poder político y judicial en Estados Unidos.
