Una nueva investigación ha sido lanzada por el gobierno de Estados Unidos en relación con el uso ilícito de plataformas de recaudación de fondos en línea para realizar “donaciones en nombre de otros” y contribuciones extranjeras en las elecciones americanas. Esta acción se enmarca dentro de un contexto que plantea serias preocupaciones sobre la integridad del proceso electoral en el país.
El memorando, emitido el 24 de abril de 2025, destaca que las leyes federales prohíben de manera estricta las contribuciones políticas en nombre de otra persona, así como las donaciones por parte de nacionales extranjeros. Sin embargo, investigaciones recientes han indicado que algunos actores malintencionados estarían evadiendo estas normativas mediante técnicas que descomponen grandes contribuciones en múltiples donaciones más pequeñas, atribuidas a diversos individuos, que a menudo no han dado su consentimiento ni siquiera tienen conocimiento de que sus nombres están siendo utilizados.
Particularmente inquietante es el hallazgo de que múltiples plataformas de recaudación en línea han facilitado involuntariamente estas maniobras, lo que ha llevado a que el Departamento de Justicia actúe. Se ha indicado que algunas de estas donaciones se procesan a través de cuentas «fantasma» y se emplean tarjetas de regalo o de crédito prepagadas para evitar ser rastreadas.
Una investigación reciente de la Cámara de Representantes reveló que la plataforma ActBlue había detectado hasta 22 campañas de fraude significativas, de las cuales casi la mitad tenía un vínculo extranjero. Durante un breve periodo en la campaña de 2024, se documentaron 237 donaciones provenientes de direcciones IP extranjeras utilizando tarjetas prepagadas, lo que refuerza que el problema es más que un simple inconveniente.
El memorando que desencadena esta investigación ordena al Fiscal General, en consulta con el Secretario del Tesoro, que utilice todas las autoridades legales relevantes para indagar sobre estas alegaciones. Se espera que se tomen las acciones adecuadas para hacer cumplir la ley y asegurar que estas prácticas no desvirtúen la democracia estadounidense.
El resultado de esta investigación se debe presentar en un plazo de 180 días, lo que subraya la urgencia con la que el gobierno está abordando este tema. A medida que se desarrollen los acontecimientos, la atención se centrará no solo en los hallazgos de la investigación, sino también en las implicaciones más amplias que estos puedan tener para la confianza pública en el sistema electoral de una de las democracias más influyentes del mundo.
Fuente: WhiteHouse.gov
