El año 2020 vio un notable incremento en la ciberdelincuencia en todo el país, y en particular en Castilla-La Mancha. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron un total de 287.963 actos delictivos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el país, un incremento del 31,9% respecto a 2019.
En Castilla-La Mancha, los ciberdelitos denunciados en 2020 alcanzaron la cifra de 9.963, lo que representa el 3,4% del total nacional. Comparado con 2019, se ha observado un aumento del 29,6% en la comunidad autónoma (en 2019 se registraron 7.687). Estas cifras son una evidencia irrefutable de que la ciberdelincuencia es un fenómeno en crecimiento que está ganando cada vez más terreno en el ámbito de la criminalidad. En los últimos cuatro años, la cifra de ciberdelitos en Castilla-La Mancha se ha casi triplicado, pasando de 3.933 en 2017 a 9.963 en 2020.
Los datos se encuentran en el VIII Informe sobre Cibercriminalidad elaborado por la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y son accesibles al público en el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.
El mayor número de ciberdelitos en Castilla-La Mancha durante 2020 fueron los fraudes informáticos, que representan el 84,4% del total (8.405). Las amenazas y coacciones cometidas a través de Internet son el segundo tipo más frecuente de delitos, con un total de 745 casos, representando el 7,5% del total. Otros delitos incluyen la falsificación informática, el acceso y la interceptación ilícita, delitos contra el honor, delitos sexuales, interferencia en los datos y en el sistema, y delitos contra la propiedad industrial o intelectual.
La provincia de Toledo registró la mayor cantidad de ciberdelitos en 2020, con 3.721, seguida de Albacete (2.339), Ciudad Real (1.783), Cuenca (1.249) y Guadalajara (871).
Para combatir la creciente amenaza de la ciberdelincuencia, el Comité Ejecutivo de Coordinación (CECO) del Ministerio del Interior aprobó el Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad en febrero de 2020. Este plan apunta a fortalecer las capacidades para combatir este tipo de delitos en cinco áreas: detección, prevención, protección, respuesta y persecución, así como la atención a las víctimas. El plan involucra a varios departamentos y organizaciones, incluyendo la Policía Nacional y la Guardia Civil, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), y otros expertos y autoridades en ciberseguridad.
