En el año 2023, Ángel Gabilondo, en su rol como Defensor del Pueblo, ha gestionado 35.603 expedientes, lo cual evidencia un significativo aumento en relación al año anterior, con un total de 4.151 expedientes adicionales. Las quejas de los ciudadanos se han incrementado a 34.926, mostrando un mayor activismo en 3.849 más que en 2022. Es destacable también que se tramitaron 389 solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional, que atienden a leyes y decretos de ámbito estatal y autonómico.
La institución emprendió 288 actuaciones de oficio, que superan en número a las del año precedente, dirigidas a las distintas administraciones públicas. Por otro lado, 37.752 ciudadanos fueron atendidos por la entidad, tanto telefónicamente como de forma presencial, con un enfoque directo y humanizado.
Específicamente, desde Castilla-La Mancha se emitieron 1.499 quejas, aumentando un 14,07% en comparación con el año 2022, subrayando el interés ciudadano en la región por incidir en las gestiones institucionales.
Los expedientes procesados dieron lugar a la tramitación de 2.366 resoluciones hacia administraciones a distintos niveles. De estas, 668 fueron en forma de recomendaciones, y se entregaron 987 sugerencias, junto a 708 recordatorios de deberes legales y 3 advertencias.
Gabilondo enfatizó que la presentación del Informe anual de 2023, más allá de cumplir con una obligación formal, tiene el objetivo de reflejar el estado de los derechos fundamentales basados en las quejas y actuaciones de oficio recibidas, lo cual ofrece una perspectiva clara sobre la experiencia ciudadana y actúa como un indicador del estado de la sociedad española.
En una rueda de prensa, Gabilondo advirtió sobre la necesidad de que las administraciones no descuiden los servicios públicos fundamentales y la sanidad. Subrayó la preocupación ciudadana, manifestada a través de las quejas, de que se debe garantizar la calidad en los servicios de educación, sanidad, y de atención a los grupos vulnerables, así como la necesidad de que los procesos de digitalización sean inclusivos y no dejen atrás a aquellos con dificultades en el uso de nuevas tecnologías.
Las quejas principales de 2023 abordaron temas como la administración de Justicia, Seguridad Social, asilo, educación y sanidad. Entre las preocupaciones sanitarias se incluyen el aumento en los tiempos de espera para atención especializada, la escasez de recursos para la salud mental, la saturación en atención primaria y urgencias, y los obstáculos para obtener tratamientos de alto coste. En respuesta, el Defensor del Pueblo ha emprendido recomendaciones y actuaciones de oficio para abordar estas cuestiones, como con la Comunidad de Madrid y la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, el número de quejas por las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud se ha más que duplicado entre 2021 y 2023, lo que denota una presión creciente sobre la atención especializada y evidencia la afectación al derecho de protección a la salud de los ciudadanos, un problema extendido por todas las comunidades.
Finalmente, en un esfuerzo por conocer el funcionamiento de los centros residenciales para personas con enfermedad mental, el Defensor del pueblo ha visitado un total de 8 centros en tres comunidades autónomas, poniendo el foco en esta vulnerable sector de la población.
