Durante el último año, Castilla-La Mancha ha experimentado una disminución en las denuncias por violencia filio-parental, con un total de 73 casos reportados, en comparación con las 100 denuncias del año anterior, reveló el estudio ‘Violencia filio-parental en España. Datos 2022’ llevado a cabo por la Fundación Amigó.
A pesar de la disminución en esta comunidad autónoma, a nivel nacional los expedientes por violencia filio-parental abiertos a jóvenes mantienen cifras alarmantes, superando los 4.000 casos. Concretamente, en 2022 se han registrado 4.332 procedimientos incoados a menores por este tipo de delito, lo que no dista mucho de los 4.740 contabilizados durante 2021.
Los números aportados por la Fundación Amigó enfatizan la gravedad del problema, estimándose que solo se denuncian entre un 10% y un 15% de los casos, los cuales por su naturaleza tienden a ser los más graves. Esto implica que la mayoría de las situaciones de violencia filio-parental queda oculta, subrayando la necesidad de dar mayor visibilidad a este fenómeno y de sensibilizar a la sociedad sobre su existencia y consecuencias.
El análisis de la Fundación Amigó evidencia una gran heterogeneidad en los datos a nivel regional. En este sentido, Andalucía encabeza la lista de comunidades autónomas con mayor número de expedientes, registrando 1.095 en 2022. La siguen la Comunidad Valenciana, con 707 expedientes, y la Comunidad de Madrid, con 677.
La psicóloga Cristina Vaquero, que trabaja en el Proyecto Conviviendo de la Fundación Amigó, resaltó la naturaleza a menudo silenciada de la violencia filio-parental y cómo la culpa y las dudas asaltan a los progenitores a la hora de denunciar. Este sentimiento de culpa puede ser paralizante hasta el punto de que los padres teman que, al denunciar, sus hijos no les perdonarán.
Vaquero recalca la importancia de la prevención y la intervención temprana en los niveles más bajos de violencia, antes de que esta escale a violencia física, y destaca la necesidad de una estrategia integral que implique a toda la familia así como a profesionales del ámbito socioeducativo. Indicó que la tendencia es normalizar o restar importancia a conductas que son las precursoras de violencias más severas, por lo que es clave atender a las primeras señales y ofrecer el acompañamiento adecuado a las familias afectadas. La lucha contra esta problemática social exige un enfoque proactivo para mitigar sus efectos y trabajar en la raíz del problema.