La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha anunciado un nuevo paquete de incentivos empresariales dotado con 40 millones de euros destinado a impulsar las inversiones de las empresas en la región. El programa está dirigido a empresas que realicen inversiones que oscilan entre los 5.000 y los 900.000 euros.
La medida ya ha surtido efecto en el territorio castellanomanchego, facilitando que aproximadamente 3.300 empresas hayan efectuado inversiones por valor de 435 millones de euros, beneficiándose de incentivos que suman 125 millones de euros. El esquema de ayudas, iniciado con 20 millones de euros durante los primeros años de la administración socialista, quedará abierto de manera permanente a lo largo del año, modificando así el esquema previo que limitaba el acceso a un periodo concreto.
Además de los incentivos empresariales, la consejera Franco destacó las ayudas previstas en el programa de digitalización. Sin embargo, lamentó la postura del PP, señalando que a través de sus enmiendas al presupuesto, únicamente solicitaron 5,2 millones de euros para la competitividad empresarial, cantidad demandada exclusivamente para los ayuntamientos de Guadalajara y Valmojado.
Durante el pleno, Francisco José Cobo, representante de Vox, cuestionó la efectividad del presupuesto asignado a la competitividad empresarial, sugiriendo que se trata más de una declaración de intenciones que de una estrategia concreta. Hizo hincapié en la necesidad de combatir la competencia desleal, especialmente en el sector agrario, abogando por incentivos fiscales para empresas españolas y criticando las ayudas que promueven la inclusión de las mujeres en el ámbito empresarial, las cuales, según su perspectiva, marginan a entidades unipersonales masculinas. Además, propuso iniciativas para mejorar la gestión de los polígonos industriales en la región.
Por su parte, Itziar Asenjo, del Partido Popular, lamentó la posición que Castilla-La Mancha ocupa en el índice de confianza empresarial a nivel nacional y acusó al gobierno regional de incrementar la presión fiscal y descuidar la situación económica de los ciudadanos. Reclamó una política fiscal más favorable, un mayor fomento al autoempleo y un plan específico de digitalización para empresarios.
En respuesta, la parlamentaria socialista Paloma Sánchez resaltó los logros alcanzados por su partido, rebatiendo las acusaciones de subida de impuestos y enfatizando la paz social y bajos niveles de conflictividad laboral en la región. Resaltó la importancia de los ingresos fiscales para poder ofrecer incentivos a las empresas.
Las propuestas de resolución del debate incluyeron la solicitud de Vox de disminuir significativamente los impuestos y proteger a los trabajadores españoles, mientras que el PP abogaba por la deflación del IRPF y una disminución del impuesto sobre sucesiones y donaciones, entre otras medidas. El PSOE, por su parte, quiso destacar el diálogo continuo con los agentes sociales y la futura edición del Plan Adelante con una inversión de 400 millones de euros.
Finalmente, en el pleno también se abordó la polémica surgida debido a que la mayoría del PSOE bloqueó una declaración institucional por los guardias civiles asesinados en Barbate, provocando críticas por parte de Vox y PP y un intenso intercambio de declaraciones entre los representantes de los diferentes grupos parlamentarios.
