La casa de Diane Goodstein, jueza del distrito de Carolina del Sur, fue destruida por un incendio en la mañana del sábado, mientras ella no estaba en la propiedad. La tragedia se agrava por las lesiones graves que sufrieron su esposo, Arnold Goodstein, un exsenador demócrata, y su hijo, quienes estaban en casa durante el incidente. La Policía del estado, que investiga el hecho tras escuchar sobre una explosión, no ha determinado si el incendio fue accidental o intencionado. Este suceso ocurre en un contexto de creciente violencia política en EE. UU., donde la jueza había recibió previamente múltiples amenazas de muerte por su postura en un caso relacionado con la administración de Donald Trump.
Goodstein, quien bloqueó la entrega de datos de votantes solicitados por el Departamento de Justicia, ha sido objeto de críticas de la administración Trump, lo que ha incrementado su visibilidad y, lamentablemente, el riesgo. Este ataque no es un evento aislado; forma parte de una alarmante tendencia donde jueces que desafían las acciones de la administración actual enfrentan intimidaciones y amenazas. La situación se complica aún más cuando se consideran otros ataques a figuras de la justicia y el creciente clima de hostilidad entre el ejecutivo y el judicial en el país.
La comunidad judicial expresa su preocupación por la seguridad de sus miembros en un contexto marcado por el discurso incendiario de políticos de alto rango que desacreditan a los jueces. La retórica del presidente Trump y sus aliados ha sido identificada como un factor que alimenta esta violencia, haciendo que muchos sientan que sus vidas corren peligro debido a las decisiones que toman en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, pese a esta amenaza, la lucha por una democracia donde el poder judicial conserve su independencia y authority se vuelve más crucial que nunca.
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