En una reciente medida dirigida a fomentar el crecimiento económico y la innovación en Estados Unidos, la Administración ha establecido un programa para derogar regulaciones consideradas ilegales, innecesarias y onerosas. Según un memorando dirigido a los jefes de los departamentos y agencias ejecutivas, se señala que tales regulaciones representan un obstáculo significativo para los consumidores y las empresas estadounidenses, al imponerles costos excesivos.
A lo largo de los años, el Tribunal Supremo ha emitido varias sentencias que limitan el poder de los burócratas no elegidos y restauran controles sobre las acciones ilegales de las agencias. Sin embargo, aún persisten regulaciones que han sido promulgadas en base a decisiones judiciales que actualmente están obsoletas, lo que justifica la revisión y posible derogación de estas normas.
El 19 de febrero de 2025, se emitió la Orden Ejecutiva 14219, la cual instruye a las agencias a identificar dentro de un plazo de 60 días regulaciones que sean ilegales o potencialmente ilegales. Esta revisión se centrará especialmente en evaluar la legalidad de las regulaciones existentes en relación con una serie de decisiones del Tribunal Supremo, que incluyen casos clave sobre la autoridad de agencias como la EPA y la SEC, entre otros.
El memorando establece que, para llevar a cabo la derogación de regulaciones claramente ilegales, los directores de agencias podrán finalizar las reglas sin necesidad de realizar un proceso de consulta pública, haciendo uso de la excepción de «buena causa» contemplada en la Ley de Procedimiento Administrativo. Esta excepción permite a las agencias omitir el proceso de notificación y comentario cuando este es considerado impracticable, innecesario o contrario al interés público.
Con esta iniciativa, se espera que las agencias adopten medidas inmediatas para derogar regulaciones que excedan su autoridad estatutaria o que sean manifiestamente ilegales. Además, deberán justificar cualquier decisión de no derogar regulaciones identificadas como problemáticas, explicando por qué se considera que no cumplen con los criterios establecidos.
La Administración busca así no solo corregir el rumbo regulatorio, sino también garantizar que las políticas gubernamentales se alineen con los principios constitucionales y favorezcan un entorno más sostenible para la actividad económica en el país.
Fuente: WhiteHouse.gov
