España ha dado un paso histórico al unirse a la denuncia internacional contra Israel, presentada inicialmente por Sudáfrica, por presunto genocidio en la invasión de Gaza, convirtiéndose en el primer país europeo en apoyar la medida. Este movimiento fue confirmado por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, situando a España junto a otras naciones como México, Colombia y Nicaragua en esta causa ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
La adhesión de España a la denuncia no significa que el conflicto en Gaza vaya a terminar pronto, pero representa un importante gesto simbólico en el escenario internacional. Señala una firme voluntad del gobierno español de participar activamente en los procesos judiciales internacionales, colaborando con la Corte al proveer la información necesaria para hacer efectiva la demanda y supervisar las acciones israelíes en el conflicto.
El caso se originó con la medida cautelar solicitada por Sudáfrica en diciembre de 2023, instando al gobierno israelí de Benjamín Netanyahu a tomar acciones inmediatas y efectivas para proteger a los civiles y garantizar el suministro de ayuda humanitaria en Gaza. La situación se agravó cuando, pese a una resolución de mayo de la CIJ que exigía a Israel detener su ofensiva en Rafah y permitir la investigación sobre posibles genocidios, el país continuó sus operaciones militares, incluso atacando un campamento de refugiados en Rafah.
La comunidad internacional ha respondido con críticas crecientes hacia Israel, destacando el aumento de la violencia en los territorios ocupados y los recientes bombardeos en Gaza, incluido uno que afectó a una escuela de la UNRWA, sumando víctimas civiles a una ya larga lista de fallecidos y desplazados.
Sin embargo, el poder de la CIJ para hacer cumplir sus fallos es limitado. La eficacia de sus sentencias depende en gran medida de la cooperación internacional y de la buena voluntad de los Estados involucrados. Aunque todos los miembros de las Naciones Unidas están obligados a acatar las decisiones de la CIJ, la falta de mecanismos coercitivos directos y la posibilidad de bloqueo por parte de países con poder de veto en el Consejo de Seguridad, como Estados Unidos, complican la ejecución de las resoluciones.
El caso pone de relieve la complejidad de la diplomacia y la justicia internacionales y presenta un escenario en el que la Corte Penal Internacional (CPI), con capacidad para juzgar a individuos por genocidio y crímenes de lesa humanidad, podría tener un papel más significativo en términos de posibles consecuencias para Israel. La especialista en derecho Internacional Humanitario María Sánchez Gil-Cepeda menciona que el incumplimiento de las investigaciones de la CPI podría llevar a mandatos de arresto y un mayor aislamiento diplomático para Israel, evidenciando la importancia de la coordinación entre los tribunales y la comunidad internacional para abordar violaciones graves de los derechos humanos y el derecho internacional.
