La reciente orden ejecutiva del presidente estadounidense busca cambiar radicalmente la forma en que se fijan los precios de los medicamentos recetados en el país, introduciendo el concepto de «precio de nación más favorecida». Este cambio responde a la creciente frustración de los ciudadanos estadounidenses, quienes han estado pagando precios desproporcionadamente altos por medicamentos, en contraste con los costos que enfrentan los pacientes en otras naciones desarrolladas.
El contexto de esta medida se encuentra en una realidad preocupante: aunque Estados Unidos representa menos del cinco por ciento de la población mundial, financia aproximadamente tres cuartos de las ganancias globales de la industria farmacéutica. Este desbalance es atribuido a una estrategia de los fabricantes de medicamentos, que ofrecen descuentos considerables en mercados extranjeros y, en consecuencia, aumentan los precios en el mercado estadounidense, lo que genera un subsidio indirecto a otros países.
La orden establece que los estadounidenses no deben ser quienes sustenten el costo de los medicamentos en el extranjero y que merecen acceso a precios más bajos y justos. En particular, el presidente ha señalado que los consumidores estadounidenses no deberían enfrentar precios que son casi tres veces más elevados por los mismos productos, muchas veces fabricados en las mismas instalaciones que sus contrapartes más económicas en otros países.
Para abordar esta cuestión, el presidente ha instruido al Secretario de Salud y Servicios Humanos a facilitar programas de compra directa de medicamentos para garantizar que los estadounidenses puedan acceder a precios más bajos. Además, se establecen medidas para asegurar la igualdad de precios con otros países desarrollados, incluyendo la posibilidad de imponer regulaciones si los fabricantes de medicamentos no cumplen con esta exigencia.
Asimismo, la orden incluye acciones para disuadir a naciones extranjeras de beneficiarse de la innovación financiada por Estados Unidos a través de precios artificialmente bajos. Los funcionarios de comercio y salud recibirán directrices para implementar acciones que frenen esta tendencia, protegiendo así los intereses de los consumidores estadounidenses.
En términos de implementación, la orden establece un plazo de 30 días para que el Secretario de Salud, en colaboración con otras agencias relevantes, comunique los objetivos de precios a los fabricantes de medicamentos y comience a ejecutar la nueva política. Si no se observa progreso significativo, se prevén acciones más agresivas, como el desarrollo de un plan de regulación o incluso la certificación de la importación de medicamentos de naciones con precios más bajos, siempre que no se comprometa la salud pública.
A medida que el debate sobre la accesibilidad de la atención médica y los precios de los medicamentos sigue acaparando la atención pública y política, esta medida resalta la intención del gobierno de equilibrar el juego para los consumidores y poner fin a lo que se ha denominado un «free riding» internacional en detrimento de los pacientes estadounidenses. Las próximas semanas serán críticas para observar cómo se desarrollan estos cambios y qué impacto tendrán en la vida diaria de los estadounidenses.
Fuente: WhiteHouse.gov
