La subida del umbral exento del IRPF ha encendido el debate fiscal y social en España. Por primera vez, algunos trabajadores que perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) deberán pagar este impuesto, lo que ha generado una fuerte controversia
La reciente decisión del Ministerio de Hacienda de no adaptar el umbral exento del IRPF ha generado un gran debate. La polémica surge porque algunos trabajadores que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) deberán pagar el impuesto por primera vez. Hasta ahora, el umbral exento se ajustaba cada vez que el SMI subía, asegurando que estas rentas más bajas quedaran libres de tributación. Sin embargo, este 2025 las cosas han cambiado.
El SMI ha aumentado hasta los 1.184 euros mensuales (en 14 pagas), dejando a unos 500.000 trabajadores, principalmente jóvenes y empleados en la hostelería y la agricultura, obligados a pagar IRPF. Para una persona soltera sin cargas familiares, esto supone una retención de unos 300 euros anuales. Mientras tanto, quienes tienen hijos pequeños o personas dependientes a su cargo seguirán exentos o con retenciones mínimas.
El debate sobre la relación entre el SMI y el mínimo exento de IRPF
El principal foco de la discusión es si el umbral exento debería estar vinculado al SMI. Algunos expertos señalan que ambas medidas cumplen funciones distintas y que igualarlas podría no tener sentido económico. El SMI ha crecido un 61% desde 2018, lo que ha llevado a que muchas personas queden en el límite de tener que tributar, algo que antes no ocurría porque el salario mínimo era mucho más bajo.
Ahora, la progresividad del sistema fiscal está en el centro de este debate. La Constitución establece que todos deben contribuir según su capacidad económica, pero también subraya el principio de universalidad. Esto significa que el sistema no solo debe ser progresivo, sino que debe evitar crear vacíos fiscales, como ocurre en algunos tramos del IRPF.
Consecuencias económicas y perspectivas futuras
La decisión de no adaptar el umbral exento al SMI tiene un impacto directo en las arcas públicas. Si Hacienda hubiera mantenido esta política, el coste para el Estado habría sido de unos 1.500 millones de euros, lo que representa una décima del PIB. Esto habría beneficiado principalmente a las rentas medias y altas, ya que se elevaría el límite desde el cual se empieza a tributar.
Finalmente, el debate deja clara la necesidad de una reforma fiscal profunda. Los sindicatos reclaman garantizar que el salario neto de los trabajadores con SMI alcance el 60% del salario medio. Mientras tanto, desde Hacienda defienden que en España el IRPF para las rentas bajas es inferior a la media europea, en línea con otros países como Alemania y Francia.
