La batalla por la equidad en el acceso a la atención de salud está cobrando un nuevo impulso en Estados Unidos. Recientemente, el Departamento de Justicia (DOJ) ha puesto bajo el microscopio las prácticas de ciertas grandes cadenas hospitalarias que, a través de contratos restrictivos, dificultan la competencia en el sector salud. Estos contratos, conocidos como anti-steering, anti-tiering y all-or-nothing, han sido denunciados como herramientas que despojan a los aseguradores de la capacidad de dirigir a los pacientes hacia opciones de atención más asequibles y efectivas.
El anti-steering, por ejemplo, impide que las compañías de seguros orienten a los pacientes hacia proveedores con costos más bajos. Por su parte, el anti-tiering prohíbe que los seguros coloquen a un sistema hospitalario dominante en un nivel menos favorable dentro de sus planes de beneficios. Y el contrato all-or-nothing obliga a los aseguradores a incluir en su red a todos los hospitales y médicos afiliados de un sistema, o a ninguno. Estas prácticas han sido objeto de las quejas del DOJ en relación con OhioHealth y New York-Presbyterian, que actualmente se encuentran en procesos judiciales.
Un reciente informe detalla las implicaciones de poner fin a estos contratos en todo el país. Se estima que una prohibición de estas prácticas podría resultar en una reducción del 18% en los precios de los hospitales y médicos afiliados, lo que se traduce en un ahorro significativo para los pacientes, calculado en alrededor de $4,100 por cada admisión hospitalaria en los mercados afectuados. A su vez, se proyecta que las primas de los seguros de salud en estas áreas disminuirían un 6.5%, lo que representaría un ahorro aproximado de $1,800 por hogar y cerca de $600 por individuo anualmente.
Más allá de estos números, el impacto en la vida diaria de los trabajadores es notorio. Los ahorros en las primas se traducirían en menos costos de bolsillo y mayores ingresos netos para los empleados. Además, los precios más bajos en los hospitales podrían fomentar el crecimiento del empleo y aumentar los ingresos fiscales federales, beneficiando especialmente a los trabajadores de clases medias y bajas. Alrededor del 24% de los estadounidenses con seguros de salud patrocinados por empleadores se encuentran en mercados donde estas cláusulas vinculatorias impactan directamente.
Sin embargo, las expectativas de ahorro no son uniformes; varían según la estructura del mercado. En áreas donde un sistema hospitalario domina, se puede anticipar una reducción de entre 4% y 6% en las primas. Mientras tanto, en mercados donde tanto hospitales como aseguradoras poseen poder de mercado, el ahorro podría ser solo del 2% al 3%. En comunidades rurales, donde se utilizan estos contratos para extender el control urbano a hospitales más pequeños, una prohibición podría facilitar la negociación de precios más justos, beneficiando tanto a trabajadores como a empleadores locales.
Este análisis subraya un hecho crucial: la salud no debería ser un lujo y el acceso a atención de calidad debe ser una prioridad. A medida que avanza el debate sobre estas prácticas, la voz de los ciudadanos se hace cada vez más necesaria en la lucha por una atención de salud accesible y justa para todos. A medida que el país observa este desarrollo, se espera que la comunidad tome conciencia y haga oír su voz en esta importante cuestión.
Fuente: WhiteHouse.gov
