Las negociaciones de investidura y el debate sobre la financiación autonómica
Las negociaciones para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat han reavivado el debate sobre la financiación autonómica en España. La disposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a ofrecer un trato singular para Cataluña con el fin de atraer a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha provocado preocupación en otras comunidades autónomas, que temen un desequilibrio en el reparto de recursos.
El Gobierno busca un acuerdo con ERC sin reformar el modelo de financiación actual sin el apoyo de las comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP). Fuentes cercanas a las negociaciones han mencionado que se están explorando «fórmulas imaginativas» para satisfacer las demandas de ERC sin recurrir a un concierto fiscal, considerado una línea roja para los socialistas. El objetivo es asegurar la investidura de Illa antes del 26 de agosto.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, enfrenta el desafío de encontrar un equilibrio en un escenario complejo. ERC demanda un concierto fiscal similar al del País Vasco o Navarra, algo que el Gobierno considera inviable. Además, otros socios de investidura, como BNG, Compromís y la Chunta Aragonesista, también exigen un trato justo para sus respectivas comunidades en caso de cumplir el trato con ERC, complicando aún más la situación.
El PSC ha presentado una propuesta que incluye la creación de un consorcio entre el Estado y la Generalitat para gestionar una agencia tributaria que recaude y administre los impuestos generados en Cataluña. Esta medida podría resolver disputas recurrentes sobre la recaudación y entrega de fondos. Según Maite Vilalta, investigadora de la Universidad de Barcelona, la idea es similar al modelo alemán, donde los estados gestionan sus tributos.
El Gobierno está considerando otras transferencias específicas para Cataluña, relacionadas con competencias como los Mossos d’Esquadra, la gestión de prisiones y la investigación y desarrollo. Además, una reducción del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) podría aliviar la carga financiera de la comunidad autónoma, proporcionando un respiro a las arcas públicas.
Un acuerdo basado en la agencia tributaria y transferencias tiene varias ventajas. Cumpliría con el ordenamiento jurídico, respondería a la demanda de «singularidad» sin recurrir a un concierto fiscal, y podría extenderse y ser exigidas por otras comunidades. Javier Loscos, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, sugiere que este enfoque permitiría un equilibrio entre bilateralismo y multilateralismo en la financiación autonómica. “La financiación singular para Cataluña es tan obligada como la de Castilla-La Mancha, Andalucía o Madrid. No se trata de privilegios, pero sí de hacer, en la medida de lo posible, trajes a medida. Bilateralismo sí, multilateralismo, también”.
Aunque el Gobierno ha expresado su intención de revisar el modelo de financiación autonómica, se enfrenta a la resistencia de las comunidades gobernadas por el PP. La ministra Montero ha instado a estas comunidades a presentar una propuesta única, aunque sus intereses son a menudo contradictorios. Según Santiago Lago, catedrático de la Universidad de Vigo, la situación financiera de las comunidades ha mejorado significativamente en los últimos años, reduciendo la urgencia de una reforma inmediata.
Expertos como Francisco Pérez, de la Universidad de València, advierten que retrasar la reforma podría perpetuar un sistema desigual. Proponen ajustes como la introducción de nuevas variables para reflejar los costos de prestación de servicios en diferentes comunidades. Además, un respeto al principio de ordinalidad, defendido por Salvador Illa, podría asegurar una distribución más justa de los recursos fiscales.
Cuatro comunidades autónomas —Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha— han solicitado un fondo transitorio para corregir su infrafinanciación hasta que se reforme el modelo. Aunque Montero ha enfriado esta posibilidad, algunos ven en esta solicitud una estrategia que podría presionar al Gobierno para abordar las desigualdades en el sistema actual.
Las negociaciones sobre la financiación autonómica se han convertido en un punto crucial para la investidura de Salvador Illa, el Gobierno tiene ante sí un panorama complejo y se abren las puertas para una posible reforma del sistema financiero.
