El Ministerio de Igualdad ha enviado una carta a todas las Comunidades Autónomas, a través de su ministra Irene Montero, solicitando que garanticen la presencia de médicos que no sean objetores de conciencia con respecto al aborto en los hospitales públicos. Incluso, si es necesario, se sugiere la contratación de nuevos profesionales para cubrir la demanda.
La nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo incluye herramientas dirigidas a la vigilancia de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) y se espera que todas las Comunidades Autónomas pongan en marcha «urgentemente» todas las medidas correspondientes.
Uno de los principales objetivos de esta ley es permitir la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, cerca del domicilio de las mujeres, y para ello es fundamental garantizar los derechos de todas las mujeres. Igualdad insta a todas las CCAA a tomar las medidas necesarias para que los hospitales públicos cuenten con médicos y médicas no objetores, incluyendo la contratación de nuevos profesionales si fuese necesario.
La Ley también contempla la creación de registros de objetores en cada Comunidad Autónoma para garantizar el acceso de las mujeres al aborto, respetando siempre el derecho de los médicos a la objeción de conciencia.
