En un giro inesperado en los tribunales de Los Angeles, Hunter Biden, el hijo del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se declaró culpable de nueve delitos de evasión fiscal, marcando un momento crucial en una saga legal que ha captado la atención de la nación. La confesión llegó justo antes de que comenzara la selección del jurado, evitando así un proceso judicial que se preveía largo y mediático.
El juez Mark Scarsi, quien fue designado por el expresidente Donald Trump, accedió a la declaración de culpabilidad de Biden bajo la doctrina Alford. Esta doctrina permite a un acusado reconocer la evidencia suficiente para la condena sin admitir directamente los crímenes. Según esta, Hunter Biden admite la solidez del caso en su contra, aunque sin confesar su culpabilidad en los hechos.
Esta maniobra legal sorprendió no solo a quienes seguían el caso de cerca, sino también al equipo de fiscalización, dirigido por el fiscal especial Leo Wise, quien expresó su asombro ante la decisión. “Estábamos tan sorprendidos como todos en la sala del tribunal”, indicó Wise, agregando que, a pesar de la declaración bajo condiciones especiales, para la fiscalía Biden “no es inocente, es culpable”.
Entre los delitos fiscales admitidos por Hunter Biden figuran tres cargos graves que abarcan la evasión de 1.4 millones de dólares en impuestos desde 2016 hasta 2019. Detalles revelados en el proceso indican que los fondos no declarados incluían gastos personales como pagos a prostitutas, una suscripción a un sitio web pornográfico y los costos de universidad de su hija, que él trató de deducir como gastos de negocio.
Este capítulo es el más reciente en las complicaciones legales de Hunter Biden, quien previamente, en junio, fue declarado culpable de tres cargos relacionados con la compra ilegal de un arma de fuego en 2018, periodo durante el cual era conocido por su adicción a las drogas. El veredicto para ese caso aún está pendiente.
La aceptación de estos cargos y la consecuente declaración de culpabilidad sugieren una estrategia de la defensa para evitar un juicio que podría haber sido especialmente perjudicial en términos de publicidad, teniendo en cuenta la relevancia política y social de la familia Biden. La sentencia, que se espera sea anunciada el 16 de diciembre, cerrará este capítulo mientras Hunter Biden y sus abogados aguardan la resolución del caso anterior por posesión ilegal de armas.
Este acontecimiento no solo arroja luz sobre los entresijos de las batallas legales de miembros de familias políticas de alto perfil, sino que también plantea preguntas sobre el efecto que tales casos pueden tener en la percepción pública y en la carrera política de figuras asociadas, en este caso, del presidente Joe Biden. La resolución de este caso seguramente será seguida de cerca por observadores políticos y legales por igual.
