Los Ayuntamientos de Huete, Carboneras de Guadazaón, Víllora (Cuenca) y Camporrobles (Valencia) han interpuesto un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en oposición al cierre de la línea de ferrocarril convencional Madrid-Cuenca-Valencia. Así lo han dado a conocer en un comunicado, en el que expresan su preocupación por las implicaciones que esta decisión del Gobierno de España tiene para sus comunidades.
Los representantes de estos municipios argumentan que la medida vulnera artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al privar a varias provincias de una infraestructura que consideran «vital y esencial». Este cierre ha sido calificado por los alcaldes de los pueblos afectados como un proceso «dudoso», que no ha tenido en cuenta la voz de los ciudadanos.
Faustino Pozuelo, alcalde de Camporrobles, ha enfatizado el compromiso de su administración para continuar con las gestiones necesarias que permitan restablecer el servicio ferroviario en la comarca. Pozuelo afirmó: «No vamos a rendirnos. El tren es una herramienta de futuro que garantiza nuestro derecho a la movilidad y abre la puerta al desarrollo económico, turístico y empresarial de territorios que no pueden quedar condenados al aislamiento».
El alcalde ha añadido que la lucha por recuperar la línea no se limita a una mera cuestión de transporte, sino que representa una «batalla de justicia territorial y de igualdad de oportunidades». Según sus palabras, «nuestros pueblos no pueden resignarse a perder el tren por decisiones políticas tomadas de espaldas a la ciudadanía».
El recurso presentado ante el TEDH tiene como objetivo «reconocer el derecho de los ciudadanos de estas comarcas a disponer de un ferrocarril», el cual simboliza, según los alcaldes, «sostenibilidad, riqueza y vertebración territorial». Desde estas localidades, los representantes exigen que un tribunal imparcial evalúe las decisiones adoptadas y se repare lo que ellos consideran un grave error.
