En un desarrollo sin precedentes que marca un punto de inflexión en la lucha por la democracia en Hong Kong, un tribunal ha sentenciado a 45 activistas prodemocracia a severas penas de prisión, oscilando entre los cuatro y los diez años. Estas sentencias se enmarcan dentro del controversial contexto de la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en 2020, y representan el juicio más extenso de su tipo bajo dicha legislación.
Entre los condenados destaca la figura de Benny Tai, exprofesor de Derecho, quien recibió la pena máxima de diez años por su participación en la organización de elecciones primarias no oficiales. Estas elecciones fueron tachadas de subversivas por las autoridades, situando a Tai y a otras figuras como Au Nok-hin, Andrew Chiu y Ben Chung bajo una luz incriminatoria. Este último trío, tras testificar contra sus compañeros, fue condenado a penas que varían entre los seis años y los siete años de cárcel.
El proceso judicial ha sido interpretado por muchos como el clímax de la represión contra el movimiento prodemocrático en la región, socavando significativamente su capacidad de acción y coincidiendo con la conclusión de los procesos contra figuras como el magnate de los medios Jimmy Lai. Dentro del contexto de la Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional de Hong Kong, estas sentencias también endurecen las condiciones para la obtención de la libertad anticipada, reduciendo prácticamente a cero las posibilidades de remisión de los condenados.
A nivel internacional, las condenas han resonado con preocupación y condena. Australia, expresada a través de su ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, manifestó su inquietud especialmente por el caso de Gordon Ng. Por su parte, Estados Unidos criticó abiertamente las sentencias, calificando las actividades de los condenados como «actividad política normal». Incluso organismos como Human Rights Watch, mediante voces como la de Maya Wang, han señalado estas acciones judiciales como indicativas del deterioro de las libertades civiles y de la independencia judicial en Hong Kong.
El veredicto, emitido por tres jueces del Tribunal Superior seleccionados para casos de seguridad nacional, ha sido el resultado de un juicio que comenzó por la participación de los acusados en la elección primaria no oficial de 2020. Dicho evento, que atrajo a más de 600.000 votantes, buscaba seleccionar candidatos prodemocracia para las elecciones legislativas con el objetivo ulterior de obtener la mayoría y forzar cambios significativos a nivel gubernamental.
El impacto de estas sentencias ya se ha hecho sentir en la comunidad internacional, con voces como la de Michael Mo, con décadas de experiencia en política y activismo en Hong Kong y Asia, expresando profunda preocupación por la dirección que toma la autonomía judicial de Hong Kong y el estado de la libertad en el territorio.
En un momento donde la tensión entre los ideales democráticos y la autoridad impuesta por Pekín se encuentra en su punto más álgido, el futuro del movimiento prodemocrático en Hong Kong se enfrenta a una encrucijada crítica, con la reciente ola de sentencias marcando un precedente alarmante para la libertad de expresión y acción política en la región.
