En la última sesión de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, J.P.G., imputado por diversos delitos contra su expareja, entre ellos abuso sexual, coacción y maltrato, admitió haber enviado mensajes amenazantes y vejatorios, pero negó haber cometido abuso sexual. Durante su testimonio, J.P.G. afirmó que todas las relaciones con la víctima fueron siempre consensuadas.
El acusado explicó que, bajo los efectos del alcohol y la cocaína, envió mensajes insultantes y racistas debido a la frustración que le causó enterarse de que su expareja comenzaba una nueva relación. Los mensajes contenían expresiones como «pedazo de puta» y amenazas como «te voy a romper la boca». Asimismo, reconoció haber realizado numerosas llamadas y haber difundido fotos íntimas de su expareja en redes sociales, llegando incluso a hacerse pasar por ella y ofrecer servicios sexuales con sus datos personales.
Por otro lado, J.P.G. rechazó las acusaciones de agresión sexual, incluida una presunta agresión en el interior de su vehículo, en un camino entre las localidades de Bolaños y Almagro, y otra en el hogar que compartían tras la ruptura de la relación. Según la Fiscalía, la víctima fue amenazada con un machete y un hacha en estos episodios. Además, el acusado negó haber entrado en la vivienda para cometer el segundo presunto abuso.
La víctima, por su parte, relató haber sido forzada a mantener relaciones sexuales en las dos ocasiones mencionadas, y describió el temor que sentía, acentuado por los problemas graves de salud de la hija que tienen en común. Ella justificó la falta de denuncia inmediata por su preocupación por la salud de su hija en aquel momento.
La Fiscalía ha solicitado para J.P.G. una pena de 29 años y diez meses de prisión por considerarlo autor de dos delitos de agresión sexual, entre otros. Sin embargo, la defensa argumenta que las pruebas de las agresiones sexuales no son concluyentes, basándose solo en el testimonio de la afectada, y ha solicitado una reducción de la pena para el acusado.
