En una respuesta sin precedentes a la administración Trump, Harvard ha iniciado acciones legales contra el Gobierno de Estados Unidos para desafiar la congelación de su financiación federal, una medida que la prestigiosa universidad califica de violación de sus derechos constitucionales. La controversia se originó la semana pasada cuando el Gobierno retiró 2.200 millones de dólares en fondos, además de amenazar con quitar la exención de impuestos de la universidad, provocando una escalada de tensiones que podría tener repercusiones significativas no solo para Harvard, sino para el panorama de la educación superior en Estados Unidos.
El núcleo de la disputa se encuentra en las acusaciones de comportamiento antisemita por parte de la universidad, algo que la institución niega fervientemente. A través de su página web, el presidente de Harvard, Alan Garber, ha defendido la postura de la universidad, destacando su compromiso con la lucha contra el antisemitismo y criticando al Gobierno por lo que considera un uso indebido de este sensible tema como justificación para una «acción ilegal». Garber, haciendo referencia a su propia herencia judía, ha subrayado la importancia de abordar el antisemitismo con «comprensión, intención y vigilancia», algo que asegura, Harvard hace con seriedad.
La demanda interpuesta por Harvard acusa a varios miembros del Gobierno de Trump, incluidos el Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y la Secretaria del Departamento de Educación, Linda McMahon, de violar la Primera Enmienda de la Constitución. Esta enmienda protege la libertad de expresión y, según Harvard, la libertad académica, un principio que se ve amenazado por la decisión del Gobierno de congelar su financiamiento federal.
Además de las implicaciones financieras inmediatas, el presidente Garber ha advertido sobre las «graves y duraderas» consecuencias que la extralimitación del Gobierno podría tener en la investigación académica, especialmente en áreas críticas como el cáncer, la esclerosis múltiple, el alzheimer y el párkinson.
Lo que se suma a la controversia es la exigencia del Departamento de Seguridad Nacional de que Harvard registre actividades de sus estudiantes internacionales, calificándolas de «ilegales y violentas», y la amenaza de recortar otros 1.000 millones de dólares destinados a la investigación en salud.
Este conflicto se inscribe dentro de un escenario más amplio en el que otras universidades, como Columbia y Princeton, también se han visto confrontadas por el Gobierno de Trump, en parte, debido a sus políticas de diversidad y de «discriminación positiva». Sin embargo, a diferencia de Columbia, que acató las demandas gubernamentales para no perder su financiación, Harvard ha decidido tomar un camino diferente, llevando el enfrentamiento a los tribunales.
La decisión de Harvard de demandar al Gobierno de Estados Unidos no solo refleja la creciente tensión entre la administración Trump y las instituciones de educación superior, sino que también podría marcar un momento decisivo en la defensa de la libertad académica y la autonomía universitaria en el país. Este caso podría tener efectos dominó en cómo las universidades operan y se financian en el futuro, poniendo en relieve las batallas ideológicas que se están librando en el corazón de la educación estadounidense.
