En un enfrentamiento sin precedentes que marca una nueva fase en la relación entre la Administración Trump y las instituciones académicas estadounidenses, la Universidad de Harvard ha tomado una postura firme contra las demandas que el gobierno de los Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, ha impuesto sobre el histórico campus. Con una firme defensa de su autonomía y los derechos que considera inalienables, Harvard se ha negado a someterse a las exigencias de erradicar lo que se ha descrito como mensajes antisemitas y eliminar sus programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), lo que ha provocado una amenaza por parte de la Casa Blanca de retirar hasta 9.000 millones de dólares en subvenciones y contratos federales.
Este movimiento del gobierno se dio tras una serie de manifestaciones en el campus de Harvard contra la guerra en Gaza, celebradas en abril de 2024, lo que llevó a acusaciones de antisemitismo por parte de la Administración Trump. Además, el gobierno estadounidense ha demandado una reconsideración de las políticas de admisión de la universidad, argumentando que estas deben basarse únicamente en méritos, desestimando cualquier programa que promueva la diversidad y la inclusión.
Los abogados de Harvard respondieron a estas exigencias declarando la no negociabilidad de la independencia de la institución y sus derechos constitucionales. Según ellos, la Universidad ha estado trabajando durante los últimos 15 meses en abordar el problema del antisemitismo, insistiendo en que los esfuerzos realizados por Harvard son ignorados por la Administración Trump, cuyas demandas, alegan, atentan contra la libertad universitaria garantizada por la Corte Suprema desde hace mucho tiempo.
El presidente interino de Harvard, Alan Garber, denunció las demandas adicionales impuestas por la Administración Trump como una intromisión directa en la autonomía universitaria, advirtiendo que la detención de la financiación federal comprometería la investigación vital y pondría en peligro la innovación científica. Desde varias protestas estudiantiles contra los ataques israelíes en Gaza, que también fueron objeto de críticas durante la Administración de Biden, Harvard se ha situado en el punto de mira del gobierno republicano.
La Administración Trump también ha implementado medidas contra otras instituciones por razones similares, cancelando cientos de millones de dólares en financiación federal para la Universidad de Columbia, en Nueva York, y para la Universidad de Pensilvania, por permitir manifestaciones y por sus políticas DEI, respectivamente. Sin embargo, la Universidad de Columbia ha cedido a las presiones del Gobierno, aceptando las medidas exigidas, incluida la prohibición de uso de máscaras en las manifestaciones y la posibilidad de que la policía universitaria detenga a los estudiantes.
Este choque entre Harvard y la Administración Trump plantea un debate nacional sobre la autonomía de las instituciones académicas, la libertad de expresión en los campus universitarios y el papel que el gobierno debería desempeñar en la regulación de las políticas internas de las universidades. Con ambos bandos manteniéndose firmes en sus posturas, las consecuencias de este enfrentamiento podrían definir la dinámica entre el Estado y el sector educativo en los próximos años.
