La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas está elaborando una nueva orden para facilitar el aplazamiento y fraccionamiento de las deudas tributarias, con el objetivo de continuar inyectando liquidez en la región, fundamentalmente entre las empresas.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, así lo ha anunciado durante su intervención en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes regionales, en la que hoy ha dado cuenta de la gestión realizada por esta Consejería durante la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.
Esta nueva orden se sumará a la que el pasado mes de marzo aprobó el Gobierno de Castilla-La Mancha para aplazar el pago de todos los tributos gestionados por la Junta y que ha permitido que en los dos meses que se prolonga ya el estado de alarma se hayan inyectado 73,6 millones de euros en la economía regional, beneficiando a más de 69.500 sujetos pasivos, entre familias y empresas.
Durante el transcurso de su intervención, Ruiz Molina también ha querido lanzar un mensaje tranquilidad y certidumbre a los opositores de la región, al afirmar que el Gobierno de Emiliano García-Page mantiene su compromiso con el empleo público. En este sentido, ha resaltado que se aprobarán ofertas de empleo público cada año, para llegar a la previsión de 6.000 plazas a lo largo de la legislatura.
“No va a ocurrir como en otras épocas en las que la crisis fue la excusa para frenar el empleo público, nosotros seguiremos como hasta ahora e, incluso si es posible, lo potenciaremos”, ha enfatizado Ruiz Molina.
Garantizar la atención de las urgencias y emergencias
Antes de explicar la gestión llevada a cabo por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, que ha detallado en cuatro grandes bloques, Ruiz Molina ha lanzado un mensaje de recuerdo a las víctimas y sus familiares, de ánimo a las personas que actualmente están travesando este virus y de enorme agradecimiento a todos los profesionales sanitarios.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha comenzado por el bloque de las emergencias, un área en la que el objetivo fundamental ha sido que, a pesar del importante incremento de llamadas que el 1-1-2 registró durante el mes de marzo, la atención de las urgencias no se viera afectada.
Con este afán, entre otras medidas, se habilitó la línea de información sobre el coronavirus 900 122 112; se dispuso el centro de respaldo del 1-1-2 para ubicar a los operadores de los teléfonos habilitados por sanidad para esta crisis; se configuró para los cuerpos de Policía Local y otros servicios de emergencia una línea especial para que contaran con un acceso alternativo en caso de bloqueo de las líneas de entrada; se triplicó la capacidad para recibir llamadas entrantes, una mejora que se mantendrá de forma permanente y se incrementó un 20 por ciento el número de operadores.
Poner todos los recursos humanos disponibles a disposición de las autoridades sanitarias
En el ámbito de los recursos humanos, Ruiz Molina ha explicado que la Consejería ha trabajado, principalmente, para garantizar la seguridad y salud laboral de los 16.000 empleados públicos de Administración General y garantizar el normal funcionamiento de la Administración regional.
Para ello, desde un primer momento, tras la declaración del estado de alarma se estableció la modalidad no presencial como modo habitual de prestación de servicios en el ámbito de la Administración General, con lo que entre el 80 y el 85 por ciento de los empleados públicos han estado desarrollado su labor sin acudir a los centros de trabajo.
Posteriormente, se habilitó el mecanismo para reforzar los centros de Bienestar Social, el Sescam y el 1-1-2 con el personal que hubiera visto su actividad interrumpida por el cierre de sus centros de trabajo.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha señalado que en estos momentos el personal de Administración General está volviendo, de forma gradual y progresiva, a los centros de trabajo, en los que se ha trabajado para establecer las medidas preventivas y organizativas para que este proceso se lleve a cabo protegiendo la salud de los empleados públicos.
Medidas extraordinarias en el ámbito económico-financiero
El siguiente de los bloques a los que se ha referido Ruiz Molina ha sido el económico-financiero, en el que, tal como ha destacado, la gestión se organizó a través de un decreto de medidas extraordinarias aprobado el 18 de marzo, que permitió considerar créditos ampliables todas las partidas presupuestarias destinadas a frenar la epidemia; realizar por trámite de emergencia las contrataciones de los bienes y servicios que se precisen para la lucha contra el virus y reforzar la tesorería de la Junta para garantizar el pago con prontitud, priorizando, además, a pymes y autónomos.
También se eliminaron temporalmente trámites administrativos, como el control previo del gasto en el área del Sescam y la autorización previa de la Consejería de Hacienda para la contratación de personal relacionado con la atención contra el COVID-19.
Hacer posible la prestación de los servicios públicos mediante el uso de la tecnología
El consejero de Hacienda y Administraciones Publicas ha finalizado su comparecencia refiriéndose al ámbito tecnológico, en el que se ha trabajo en dos ámbitos: uno general y otro de diferentes áreas sectoriales.
En un ámbito general, ha resaltado Ruiz Molina, era clave posibilitar el objetivo de garantizar el normal funcionamiento de la Administración regional, reforzando para ello las herramientas necesarias para posibilitar el trabajo no presencial de muchos empleados públicos, para lo que se ha ampliado considerablemente el personal con acceso remoto a sus equipos; se ha implantado una nueva plataforma de videoconferencias, que puede ser usada por 60.000 asistentes simultáneamente y se ha ampliado la de red de comunicaciones, infraestructuras y almacenamiento para soportar la carga remota de los accesos y las aplicaciones corporativas.
Desde el ámbito sectorial, se ha trabajado al servicio de las demás consejerías en el desarrollo de sistemas que garantizasen la tramitación efectiva, especialmente de forma telemática, de los nuevos procedimientos que se han ido aprobando, teniendo en cuenta la imposibilidad de que los ciudadanos puedan, todavía hoy, ir a las oficinas públicas para realizar sus trámites.
Ruiz Molina ha mencionado como ejemplos, en relación con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, el diseño de una plataforma para ser ágiles en la resolución de los ERTEs o, más recientemente, para dar una respuesta rápida a la convocatoria de ayuda a fondo perdido a autónomos y micropymes.
En relación con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, igualmente importante, en palabras de Ruiz Molina, ha sido el esfuerzo tecnológico para adecuar e incorporar soluciones, plataformas y capacidades tecnológicas para posibilitar la educación de forma telemática.
En el transcurso de su intervención el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha dado especialmente las gracias por su trabajo durante esta crisis sanitaria al personal del 1-1-2, a los policías locales, a los voluntarios de Protección Civil y a todos los empleados públicos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, tanto si han tenido que ir de forma presencial a sus centros de trabajo por pertenecer a servicios esenciales como si han seguido desarrollado su labor desde sus domicilios.
Finalmente, Ruiz Molina ha pedido a la ciudadanía castellano-manchega que durante el tiempo que se prolongue el periodo de desescalada de la región se siga comportando con la misma responsabilidad que lo ha hecho hasta ahora.
