El Gobierno ha anunciado la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para este lunes, con la finalidad de notificar a las comunidades autónomas sobre los objetivos de estabilidad que servirán de base para la formulación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2024. El CPFF, compuesto por representantes del Gobierno central y de las comunidades autónomas, desempeña un papel crucial al emitir un informe indispensable antes de la oficialización de la senda de estabilidad presupuestaria, que también debe ser considerada por las comunidades autónomas en la preparación de sus propios presupuestos.
La reunión del CPFF tendrá lugar en paralelo a la fecha límite impuesta a los ministerios para el envío de sus propuestas presupuestarias a la Dirección General de Presupuestos. Este proceso es decisivo para que el Gobierno pueda presentar el proyecto de ley de presupuestos al Congreso lo antes posible. Sin embargo, dado que no se contará con un nuevo presupuesto antes del cierre del año en curso, será necesario prorrogar las cuentas actuales hasta que sea posible la aprobación de las correspondientes al 2024.
En cuanto al plan presupuestario de 2024, el Gobierno ya envió en octubre un programa a Bruselas que proyecta un déficit próximo al 3% del PIB y una ratio de deuda pública inferior al 110% del PIB para 2023. Este plan fue recibido con la aprobación de la Comisión Europea y contempla una flexibilización del déficit para las comunidades autónomas, estableciendo un 0,1% para 2024, en contraste con el equilibrio presupuestario del Programa de Estabilidad de abril pasado. En este contexto, la Administración Central asumirá un déficit del 2,9%, mientras que la Seguridad Social y las entidades locales mantendrán sus objetivos de déficit y superávit, respectivamente.
La Comisión Europea, al tiempo que aprueba el proyecto presupuestario español, ha instado al nuevo Gobierno a presentar un plan actualizado «lo antes posible» y ha advertido sobre la compleja situación fiscal que enfrentará España en 2024, con un déficit superando el umbral del 3% y una deuda significativamente alta.
Antes de presentar el proyecto de los PGE, el Gobierno está obligado a establecer unos objetivos de estabilidad presupuestaria y un límite de gasto no financiero o techo de gasto, de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Estos objetivos deben recibir el visto bueno del CPFF antes de su envío a las Cortes Generales, quienes decidirán su aprobación o rechazo. Este año, la incertidumbre crece debido a que el Senado, con mayoría del PP, podría rechazar la propuesta de estabilidad, aunque el Gobierno alega contar con seguridad jurídica para elaborar las cuentas públicas incluso si el Senado rechaza la senda de estabilidad, como ya ocurrió en 2018.
El PSOE anteriormente intentó reformar la legislación para evitar el veto del Senado al techo de gasto, proponiendo que, si los objetivos son rechazados por el Senado, bastaría con una nueva votación en el Congreso para su aprobación por mayoría simple. Sin embargo, esta enmienda no se llevó a cabo.
El partido del PP ya ha manifestado su disposición a recurrir a instancias a nivel nacional y europeo si el Gobierno intenta modificar la Ley Presupuestaria para evadir el control del Senado sobre los objetivos de estabilidad y deuda pública. La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, espera contar con la aprobación de los PGE para 2024 durante el primer trimestre del próximo año, con el soporte de los socios parlamentarios del PSOE.
