En un movimiento que señala un cambio significativo en la política energética del gobierno, el 21 de enero de 2025, la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) emitió un memorando a los jefes de departamentos y agencias gubernamentales. Esta directriz, firmada por Matthew J. Vaeth, director interino de la OMB, y Kevin Hassett, asesor del presidente para políticas económicas y director del Consejo Económico Nacional, detalla la suspensión inmediata de los fondos asignados bajo la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 y la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos.
La pausa en la distribución de estos fondos se centra en los programas, proyectos o actividades que podrían estar en conflicto con la política establecida en la sección 2 del nuevo decreto ejecutivo titulado «Desatando la Energía Americana». Este decreto, que ha sido ampliamente interpretado como un intento de revertir ciertos aspectos de lo que se conoce como el «Acuerdo Verde», se articula en torno a la intención de eliminar lo que el memorando denomina “el Green New Deal”.
Este cambio de enfoque, que busca fomentar políticas energéticas más alineadas con el desarrollo industrial y el uso de combustibles fósiles, ha generado tanto apoyo como críticas. Por un lado, se argumenta que tales medidas son necesarias para impulsar la economía y garantizar la soberanía energética. Por otro lado, los detractores advierten sobre los riesgos ambientales que podrían surgir de una reorientación hacia fuentes de energía más contaminantes.
En su memorando, los líderes de la OMB son claros en su interpretación: los fondos asociados con objetivos que contradicen las políticas delineadas en la sección 2 del orden ejecutivo no serán dispuestos. Sin embargo, se otorga a los jefes de las agencias la responsabilidad de decidir sobre la distribución de otros fondos, siempre con la previa consulta a la OMB. Esto evidencia un intento del gobierno de asumir el control sobre la dirección de las inversiones energéticas y proteger sus intereses políticos y económicos.
Con el pliego de instrucciones a los departamentos y agencias del gobierno, la administración actual parece estar reafirmando su compromiso con una política de energía más tradicional, alineada con los intereses de la industria. Los próximos meses serán cruciales para observar cómo estas disposiciones impactan en los diversos sectores afectos, así como en el cumplimiento de los compromisos ambientales previamente adquiridos por la administración.
Fuente: WhiteHouse.gov
