Varias organizaciones medioambientales han instado al Gobierno de Castilla-La Mancha a entablar conversaciones luego de una sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Europeo que critica a España, y en concreto a la comunidad autónoma, por su inacción ante la contaminación por nitratos. Ecologistas en Acción, Greenpeace, Puebles Vivos Cuenca y Stop Ganadería Industrial han solicitado una reunión tras constatar que la región no ha cumplido con sus deberes de protección de las aguas contra este tipo de contaminación.
La condena del tribunal, fechada el 14 de marzo, se une a un informe de Ecologistas en Acción que documenta niveles preocupantes de nitratos en las aguas superficiales y subterráneas de Castilla-La Mancha, recurriendo a estadísticas oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y del Ministerio de Sanidad. Este último aporta datos que apuntan a que más de 50 municipios de la comunidad han sobrepasado el límite permitido de 50 miligramos de nitratos por litro en sus aguas potables.
La preocupación se intensifica debido a la proximidad del fin de la moratoria porcina en Castilla-La Mancha, que expirará el 31 de diciembre. Los colectivos argumentan que la moratoria no ha cumplido sus objetivos y critican la ausencia de diálogo con las organizaciones ciudadanas. A su vez, denuncian que las excepciones en la legislación han permitido que proyectos sigan adelante, citando la continuidad de 11 iniciativas en la provincia de Cuenca como prueba.
Otro aspecto de inquietud es el aumento de la contaminación media por nitratos en aguas subterráneas del 36.2% durante el período de 2016 a 2019. Este dato proviene del último informe de seguimiento enviado a la Comisión Europea.
Las organizaciones manifiestan su inquietud por posibles soluciones que podrían agravar la situación, como la promoción de macroplantas de biogás, y lamentan la percepción de que sus voces no son consideradas significativas en el diálogo sobre un desarrollo sostenible por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Concluyen exigiendo la apertura de canales de diálogo efectivo y proponen una reunión con el vicepresidente de la Junta de Comunidades como un paso inicial hacia la solución conjunta de esta crisis medioambiental.
