El Parlamento griego se prepara para votar este jueves una controvertida enmienda que, de ser aprobada, barrerá la posibilidad de que los inmigrantes que lleguen irregularmente desde el norte de África puedan solicitar asilo. El Gobierno conservador, liderado por el ministro de Migración Thanos Plevris, ha declarado que quienes ingresen al país sin autorización serán arrestados y deportados inmediatamente a sus países de origen o procedencia. Se anticipa que esta medida, que se mantendrá vigente al menos tres meses, obtendrá el respaldo de la mayoría del partido Nueva Democracia.
La situación se agrava ante un notorio incremento de llegadas de inmigrantes a Grecia. En lo que va del año, cerca de 9,000 personas han desembarcado en la isla de Creta, lo que ha llevado al Gobierno a reafirmar su enfoque restrictivo. El primer ministro Kyriakos Mitsotakis ha sido categórico en sus intenciones de cerrar el paso a estos inmigrantes, enviando un mensaje firme tanto a los traficantes como a Europa sobre su postura ante la crisis migratoria.
Sin embargo, esta enmienda enfrenta críticas por su posible violación de derechos humanos, ya que la legislación europea prohíbe expulsiones colectivas y protege a quienes podrían correr el riesgo de persecución o maltrato en sus países de origen. Esta tensión entre el control migratorio y el respeto a los derechos fundamentales plantea un dilema ético que sigue sin solución en el seno de la Unión Europea.
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