La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha expresado su preocupación tras la solicitud de dimisión que han planteado los sindicatos, en respuesta a la negativa de la Junta a negociar el reglamento de los agentes medioambientales. Gómez ha manifestado su deseo de llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores, subrayando la importancia del diálogo en este proceso.
Durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera añadió que, si se consulta directamente a los más de 530 agentes medioambientales de la región, es probable que muchos de ellos no compartan la misma opinión que los sindicatos, ya que actualmente cuentan con más recursos que nunca para llevar a cabo su labor.
En este contexto, Mercedes Gómez ha señalado que, a raíz de la reciente ley aprobada por el Gobierno de España sobre agentes forestales y medioambientales, que otorga un plazo de un año a las comunidades autónomas para implementarla, la Consejería ha propuesto una modificación del reglamento regional. Esta adaptación busca mejorar la distribución de los agentes en las distintas demarcaciones territoriales, sin alterar el número de agentes necesarios.
La consejera destacó que, más allá de los agentes que ya están en funcionamiento, la meta es aumentar su número en el futuro, coincidido en este punto con las demandas de los sindicatos, dado que su trabajo está estrechamente vinculado con la protección del medio natural y el medioambiente.
Gómez también aclaró que hasta el momento no se ha iniciado ningún tipo de negociación formal, una tarea que corresponde a la Mesa de la Función Pública. No obstante, destacó que un reglamento es un decreto que exige una fase de información pública, la cual ya ha comenzado.
Finalmente, hizo un llamado a los sindicatos a formular sus propuestas en los marcos de negociación establecidos para la función pública, asegurando que serán consideradas y valoradas. «Este Gobierno valora el diálogo y la transparencia», concluyó, reafirmando su compromiso de alcanzar un consenso con todos los sindicatos en el plazo de un año estipulado para la implementación del nuevo reglamento.
